La organización agraria ASAJA Ávila ha alertado públicamente sobre "el grave estado de abandono en que se encuentran los tendidos de cableado telefónico" en muchas zonas rurales de nuestra provincia, una situación que "bandas organizadas aprovechan para sustraer el cobre de los cables", denuncian.
Según afirma la asociación agraria en un comunicado, "estas redes de delincuentes cortan los tendidos telefónicos en tramos rurales, muchos de ellos paralelos a caminos y carreteras secundarias, dejando los cables destensados y los postes caídos, lo que dificulta gravemente el acceso y las labores agrícolas de los agricultores afectados".
También recuerdan que en 2024, se denunciaron 428 robos de cableado en Castilla y León, lo que suma un total de 4.433 casos en el país desde el año 2019 con un fuerte incremento del 87% desde ese mismo año.
"El modus operandi incluye retirar el cable, partirlo en secciones manejables y quemar la funda protectora para extraer el cobre sin trazabilidad. Y, el problema no solo es que daña gravemente las infraestructuras de comunicación, sino que expone a los agricultores a obstáculos materiales adicionales en sus parcelas: cables colgantes y postes de madera tirados bloquean zonas de cultivo, accesos e incluso caminos, complicando especialmente el laboreo, la siega y el paso de maquinaria", denuncia ASAJA Ávila.
La organización agraria también ha pedido a la empresa Telefónica que "asuma de inmediato su responsabilidad en el mantenimiento, vigilancia y reposición de la red telefónica rural". Del mismo modo, reclaman "actuaciones urgentes para reparar los daños y una coordinación efectiva con las fuerzas de seguridad que garantice la protección de estas infraestructuras vulnerables".
ASAJA reclama que se impulse el refuerzo de efectivos de la Guardia Civil en áreas rurales con patrullas regulares, activar medidas del Plan Nacional contra el robo de cobre y facilitar canales de denuncia ciudadana directa y desarrollar protocolos de atención rápida para restablecer los tendidos afectados y minimizar el impacto en la actividad agrícola.
En el caso de que sea imposible, añaden, al menos se debería autorizar a los agricultores a retirar por su cuenta los cables y postes abandonados que obstaculizan sus parcelas.