Okupa una vivienda pero la abandona al descubrir quién es el propietario

El pasado 3 de agosto, Marion, una mujer cuya edad ronda los 40 años y que cuenta con antecedentes por okupaciones ilegales, irrumpió en una vivienda ubicada en una localidad costera del sur de Francia. Convencida de que el inmueble estaba deshabitado, forzó las persianas y entró con la intención de instalarse. Sin embargo, su plan se vino abajo rápidamente al descubrir que el propietario era, nada menos, que un juez del tribunal de Nimes.

El magistrado, conocedor al detalle de los procedimientos legales relacionados con la okupación, no perdió tiempo en iniciar una demanda formal. Gracias a su experiencia, el caso llegó con rapidez al Tribunal Judicial de Montpellier, que emitió una sentencia esta misma semana.

El veredicto fue contundente: seis meses de prisión, con pena suspendida durante dos años bajo cumplimiento de ciertas condiciones. Marion deberá someterse a tratamiento obligatorio por adicción a la heroína y el cannabis, y se le prohíbe estrictamente acercarse a las víctimas.

El fiscal fue claro durante el proceso: "La señora es drogadicta y presenta un riesgo de reincidencia". En caso de incumplir alguna de las condiciones impuestas por el tribunal, la condena de prisión se hará efectiva, lo que pondría en riesgo también la tutela de su hija de 17 años.

Una historia de reincidencia

Esta no era la primera vez que Marion se veía involucrada en un caso de okupación. En noviembre de 2023, se trasladó junto a su hija al domicilio de Christophe, un hombre con trastorno bipolar residente en Saint-André-de-Sangonis, una pequeña localidad del distrito de Hérault, situada a unos 35 kilómetros de Montpellier. Inicialmente, él accedió a acogerlas por compasión. Sin embargo, la situación se volvió insostenible cuando también se unieron a la convivencia la pareja de Marion, un perro, ocho gatos y un hurón.

Ante el caos, Christophe optó por abandonar su propio hogar, aunque siguió pagando el alquiler. Fue su madre quien denunció la situación, ya que él no podía volver a su casa.

Tras meses de conflicto, las autoridades lograron ejecutar el desalojo, y Christophe regresó a su vivienda solo para encontrarla en condiciones deplorables: heces en suelos y paredes, orina en la bañera y daños graves en la estructura. Marion trató de defenderse diciendo: "Me equivoqué, estaba pasando por una mala racha".

Pese al estado del domicilio, el tribunal decidió absolverla de los cargos de okupación ilegal, ya que su entrada había contado inicialmente con el consentimiento del propietario. No obstante, se le impuso una orden de alejamiento respecto a Christophe.

Un patrón repetido

Tiempo después, Marion y su entorno se trasladaron al hogar de Clément, otro particular que, movido por la solidaridad, decidió darles refugio temporal. No tardaron en surgir los mismos problemas, y en abril de 2025, Clément logró expulsarlos con ayuda judicial.

De nuevo, Marion fue absuelta por okupación ilegal al no haberse producido entrada forzosa, pero el tribunal volvió a dictar la prohibición de cualquier contacto con el afectado.

Este caso ha puesto de nuevo el foco sobre los límites de la legislación francesa en materia de okupación. La ley antiokupación de 2023 fue diseñada para agilizar los procesos de desalojo y endurecer las penas contra los ocupantes ilegales. Sin embargo, presenta vacíos legales cuando no puede probarse la fuerza en la entrada o cuando los okupas inicialmente reciben consentimiento para habitar la vivienda.