Este miércoles el Presidente del Gobierno, respondiendo a la llamada de Barack Obama, decidía por fin reducir el déficit público. Sin embargo, una vez más quiso demostrar quién es y atacó, primero, a los colectivos más débiles: dependientes, futuros padres, pensionistas y funcionarios, en el que es uno de los mayores recortes de derechos sociales de la democracia.
Llama la atención que, como gesto, no se le haya pasado por la cabeza reducir otro tipo de gastos que son completamente prescindibles. Estos son algunos ejemplos:
Ley del aborto
El próximo 5 de julio, si nadie lo evita, entrará en vigor la nueva Ley del Aborto que provocará un importante aumento de las interrupciones voluntarias del embarazo. A día de hoy, según datos del Instituto de Política Familiar, en España abortan 112.000 mujeres cada año, una cifra que aumentará a partir del verano. Con la aplicación de la nueva normativa, no sólo aumentará el número de abortos sino que, además, muchas de las mujeres que decidan no seguir adelante con el embarazo acudirán a la sanidad pública.
El precio medio de cada aborto es de 350 euros, una tarifa que se incrementa a partir de la semana 12 de gestación. Suponiendo que al menos la mitad de las mujeres que decidieran abortar lo hicieran en un Hospital de la red pública, el coste sería de 19,6 millones de euros.
Pero no sólo la nueva Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo genera gastos innecesarios. Ocurre algo similar con la Ley de la Memoria Histórica.
Ley de Memoria Histórica
En los últimos Presupuestos Generales del Estado, el Ministerio de Presidencia con María Teresa Fernández De la Vega al frente, otorgó una partida de 1,5 millones de euros a la aplicación de la normativa. Sin embargo, a esta cantidad hay que sumar otras ayudas y subvenciones suman un total de 3,5 millones de euros.
Una polémica ley que pronto podría ser modificada en el Congreso de los Diputados a petición de ER-IU-ICV. Pretenden que las administraciones públicas sean responsables de garantizar los derechos de los familiares de víctimas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Cada sale más dinero de las arcas públicas y entra menos.
Las lenguas cooficiales, al Senado
Otra opción con la que no ha contado el presidente del Gobierno a la hora de recortar el gasto es la limitación del uso de las lenguas minoritarias.
La pasada semana, el Senado apostaba por estudiar un posible cambio en el reglamento de la Cámara Alta. Si finalmente se aprobase, después de las negociaciones pertinentes, los senadores podrían usar las lenguas cooficiales de Galicia, País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana en los Plenos.
La versión oficial es que la aplicación de este cambio reglamentario costaría 120.000 euros destinados a la compra de auriculares y a la contratación de traductores. Sin embargo, la realidad es que el gasto superaría el millón de euros.
Las “embajadas fantasma”
También son completamente prescindibles los gastos derivados de las “embajadas fantasma” que las comunidades autónomas tienen repartidas por el mundo. Las diferentes regiones españolas tienen 189 oficinas repartidas por diversos países como México, Argentina, Estados Unidos e incluso Senegal.
Cataluña es la comunidad que más dinero destina a este fin: 25 millones de euros al año, según Ciudadanos, a repartir entre sus 69 delegaciones. El resto de oficinas de Aragón, La Rioja, Valencia… y que dependen de la Secretaría de Asuntos Exteriores, cuestan otros 20 millones de euros más.
Subvenciones al cine
El cine español también mete la mano en el bolsillo de los españoles. Este 2010, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) se ha llevado 120,5 millones a los que hay que sumar los 270.000 euros que la Ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, ha destinado por primera vez a la Academia del Cine.
Hasta aquí, entre el aborto, el cine, las embajadas y la Ley de la Memoria Histórica la suma asciende a 189.870.000 euros
Moratinos se lleva la palma
Sin embargo, a esta cantidad hay que sumar otros gastos. Porque la primera posición en el ranking de despropósitos es, sin lugar a dudas, para el Ministerio de Asuntos Exteriores con las subvenciones que otorga a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
En los últimos tiempos ha despilfarrado dinero público como ningún otro ministerio: 50.000 euros para enseñar a tocar la marimba, 300.000 para la Fundación presidida por Narcís Serra, 500.000 euros para la Cúpula de las Naciones Unidas, 30.000 euros destinados a las Lesbianas y Gays de Zimbabwe, otros 400.000 para el empoderamiento de la mujer en Palestina, o los 285.000 euros, casi 50 millones de las antiguas pesetas para “la gestión comunitaria del bosque del pistacho y rehabilitación de pastizales”. Mientras, por su parte, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, dependiente de Presidencia de la Junta, 13,8 millones de euros a Cuba. La factura de estos despropósitos es: 15.365.000 euros.
En resumen, si el Presidente del Gobierno quiere hacer recortes, lo normal es que empiece por reducir gastos innecesarios como estos, que suman unos nada desdeñables 205.235.000 euros.