(Libertad Digital) Fuentes de la fiscalía citadas por la agencia EFE explicaron que en el recurso, presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el Ministerio Público solicita el archivo del proceso, por entender que las cantidades abonadas –43,75 millones a Amusátegui y 108 millones a Corcóstegui– no son constitutivas de delito. En su auto, la juez Palacios argumenta que ambas retribuciones fueron "indebidas" y supusieron "un perjuicio económico" a los accionistas, por lo que pudieron constituir un delito de administración desleal, castigado con penas de prisión de entre seis meses y cuatro años o multa de hasta el triple del beneficio obtenido.
Al igual que la defensa del SCH , el fiscal entiende que ambos pagos fueron lícitos y respetaron la Ley de Sociedades Anónimas , ya que en el caso de Amusátegui fue consecuencia de un "bono de jubilación" y está permitido por los estatutos del banco, al igual que la retribución de Corcóstegui, que correspondía a sus derechos de jubilación. El representante del Ministerio Público ha insistido, como ya hizo al pedir a la juez el sobreseimiento libre de la causa, en que no hubo disposición fraudulenta de fondos, y ha destacado que, además, los accionistas aprobaron las cuentas anuales en las que se incluían ambos pagos.
El llamado caso de las jubilaciones se admitió a trámite por la Audiencia Nacional en noviembre del 2002, a raíz de una querella presentada por el abogado Juan Francisco Franco Otegui contra Botín y Amusátegui en la que se acusaba a éstos de haber cometido un delito societario. Este delito, según el denunciante, se produjo cuando el banco pagó a Amusátegui el citado bono por anticipar su salida de la presidencia del SCH. Posteriormente, en marzo de 2003, la juez incorporó a la causa el pago de 108 millones a Corcóstegui -de los que percibió 56 millones netos- como consecuencia de una denuncia presentada por el ex consejero de Banesto y accionista del SCH Rafael Pérez Escolar.
Al igual que la defensa del SCH , el fiscal entiende que ambos pagos fueron lícitos y respetaron la Ley de Sociedades Anónimas , ya que en el caso de Amusátegui fue consecuencia de un "bono de jubilación" y está permitido por los estatutos del banco, al igual que la retribución de Corcóstegui, que correspondía a sus derechos de jubilación. El representante del Ministerio Público ha insistido, como ya hizo al pedir a la juez el sobreseimiento libre de la causa, en que no hubo disposición fraudulenta de fondos, y ha destacado que, además, los accionistas aprobaron las cuentas anuales en las que se incluían ambos pagos.
El llamado caso de las jubilaciones se admitió a trámite por la Audiencia Nacional en noviembre del 2002, a raíz de una querella presentada por el abogado Juan Francisco Franco Otegui contra Botín y Amusátegui en la que se acusaba a éstos de haber cometido un delito societario. Este delito, según el denunciante, se produjo cuando el banco pagó a Amusátegui el citado bono por anticipar su salida de la presidencia del SCH. Posteriormente, en marzo de 2003, la juez incorporó a la causa el pago de 108 millones a Corcóstegui -de los que percibió 56 millones netos- como consecuencia de una denuncia presentada por el ex consejero de Banesto y accionista del SCH Rafael Pérez Escolar.