LD (M. Llamas) Detrás de las grandes declaraciones de intenciones que han acordado los líderes del G-20 en la cumbre de Washington se esconden, al menos, dos medidas, cuya factura es cuantificable y que, como hasta ahora, su coste potencial recaerá sobre los contribuyentes.
El acuerdo alcanzado aboga por implementar coordinadamente la extensión de las políticas presupuestarias en los distintos países con la intención de impulsar la actividad económica, ante la inminente recesión que se cierne sobre las economías desarrolladas.
En este sentido, los gobiernos participantes han puesto como ejemplo la reciente inyección de dinero público aprobada por el régimen chino, cuya cuantía asciende a los 600.000 millones de dólares. Un dinero que China pretende invertir en amplios programas de infraestructuras y diversos planes de gasto público.
Nuevos recortes de tipos
La receta básica reitera las medidas fiscales y monetarias que ya están aplicando algunos países desde el inicio de la crisis y que, pese a todo, no han evitado la debacle. Así, el G-20 apuesta por mantener la política monetaria de bajadas de tipos, así como extender los planes de estímulo fiscal. Esto es, moderadas bajadas fiscales y devolución de impuestos, pero sobre todo extensión y ampliación del gasto público.
Por el momento, el Reino Unido, Japón, Alemania y China ya tienen sobre la mesa sus respectivos paquetes de estímulo. En EEUU, el Gobierno de George W. Bush se resiste a sacar adelante esta medida, pero el presidente Barack Obama ha anunciado que ésta es una de sus prioridades, de forma que la mayor economía del mundo hará uso del dinero público para intentar reactivar el consumo.
Por el momento, el Reino Unido, Japón, Alemania y China ya tienen sobre la mesa sus respectivos paquetes de estímulo. En EEUU, el Gobierno de George W. Bush se resiste a sacar adelante esta medida, pero el presidente Barack Obama ha anunciado que ésta es una de sus prioridades, de forma que la mayor economía del mundo hará uso del dinero público para intentar reactivar el consumo.
En este sentido, el director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, afirmó el domingo que el mundo necesita un estímulo fiscal de 1,2 billones de dólares para combatir la crisis y afirmó que la entidad promoverá una expansión presupuestaria coordinada. Tal volumen de gasto público carece de precedentes.
Más gasto público: 1,2 billones de dólares
El jefe del FMI destacó que existe un consenso sobre la necesidad de una inyección pública de dinero y afirmó que debería ascender al 2% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, que este año se estima en 62 billones de dólares, informa Efe.
Con la determinación de poner todo el dinero que sea necesario, los líderes del G-20 confían en reactivar igualmente a los países emergentes, cuyas economías también han sido golpeadas gravemente por la crisis financiera.
El jefe del FMI destacó que existe un consenso sobre la necesidad de una inyección pública de dinero y afirmó que debería ascender al 2% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, que este año se estima en 62 billones de dólares, informa Efe.
Con la determinación de poner todo el dinero que sea necesario, los líderes del G-20 confían en reactivar igualmente a los países emergentes, cuyas economías también han sido golpeadas gravemente por la crisis financiera.
Strauss-Kahn también señaló que existe "cierto espacio" para una bajada de las tasas de interés en algunos países. En este sentido, las últimas previsiones sitúan las tasas de interés próximas al 0% en 2009, tanto en EEUU como en la UE, al igual que sucede desde hace años en Japón.
De este modo, el director del FMI enfatizó la importancia de un aumento del gasto público o una reducción de los impuestos. "La inflación está en media cerca de cero hoy en día. Algunos analistas hablan del peligro de deflación. No hay riesgo en el uso de la política fiscal", indicó Strauss-Kahn. Por ello, el FMI "está intentando organizar un plan de acción coordinada" en el terreno fiscal, advirtió.
Coordinación fiscal a nivel internacional
En la misma línea se pronunció Robert Zoellick, el presidente del Banco Mundial. Zoellick indicó en un comunicado que si septiembre y octubre fueron meses para hablar de políticas monetarias coordinadas y con hincapié en la cooperación, "noviembre y diciembre serán meses para hablar cada vez más del estímulo fiscal". Tanto él como Strauss-Kahn alabaron la decisión china de lanzar un paquete fiscal por valor de 580.000 millones de dólares.
Unas recomendaciones (bajos tipos de interés y más gasto público) que han sido recogidas en el comunicado final acordado por los miembros del G-20, ya que se comprometieron a estimular la demanda interna con medidas presupuestarias y monetarias.
Mayor supervisión financiera
Por otro lado, la principal medida que se impulsará tras la cumbre del G-20, y que debe ser desarrollada por los Gobiernos, es la de reformar sus sistemas financieros para que haya una mayor supervisión de los agentes que operan en los mercados.
Los organismo reguladores (tanto actuales como futuros) prestarán una especial atención a los balances de los bancos, para que los activos de riesgo no tengan un peso excesivo, y a las remuneraciones de sus directivos, a los que se quiere poner límite.
Sin embargo, más allá de incrementar la supervisión financiera a nivel internacional, los líderes de las economías más desarrolladas del planeta han acordado crear una red de seguridad pública para tratar de sostener el mercado de derivados crediticios, credit default swaps (CDS), cuyo crecimiento se ha disparado en los últimos años al calor de la titulización de préstamos. En la actualidad, el volumen que acumula este sector supera los 33 billones de dólares (casi la mitad del PIB mundial).
Los organismo reguladores (tanto actuales como futuros) prestarán una especial atención a los balances de los bancos, para que los activos de riesgo no tengan un peso excesivo, y a las remuneraciones de sus directivos, a los que se quiere poner límite.
Sin embargo, más allá de incrementar la supervisión financiera a nivel internacional, los líderes de las economías más desarrolladas del planeta han acordado crear una red de seguridad pública para tratar de sostener el mercado de derivados crediticios, credit default swaps (CDS), cuyo crecimiento se ha disparado en los últimos años al calor de la titulización de préstamos. En la actualidad, el volumen que acumula este sector supera los 33 billones de dólares (casi la mitad del PIB mundial).
El documento acordado recoge lo siguiente a este respecto: los líderes del G-20 acuerdan "reforzar la elasticidad y la transparencia de los mercados de derivados crediticios y reducir sus riesgos para el sistema, lo que implica mejorar la infraestructura de los mercados de valores que no cotizan en bolsa".
Además, pretenden "revisar los mecanismos de compensación relacionados con los incentivos a la asunción de riesgos y a la innovación".
La ambigüedad de tal declaración de intenciones contrasta con la concreción apuntada en este ámbito por Bush. Así, el presidente de EEUU se mostró el sábado entusiasmado por una de las propuestas más misteriosas y opacas aprobadas y discutidas durante la cumbre: la creación de un organismo central de compensación sobre los 33 billones de dólares que se negocian en el mercado de CDS.
Regular y abosorber las pérdidas de los CDS
Este mercado de derivados sirve para resguardarse del impago (default) de todo tipo de activos crediticios, tales como bonos corporativos e hipotecarios, divisas e incluso deuda soberana (pública). Así, en caso de impago o quiebra de una empresa, entidad bancaria e incluso de un país, el vendedor de CDS (la mayoría, bancos y aseguradoras de bonos) se compromete a pagar al comprador una determinada cantidad a cambio de una prima periódica.
A mayor riesgo de impago, mayor es el precio de la prima. En caso impago o quiebra se convoca una subasta, y mediante una serie de complejos algoritmos se descuentan los CDS que se cancelan mutuamente entre sí y se liquida el resto. El problema consiste en que todo apunta a que se seguirán produciendo importantes quiebras empresariales e, incluso, bancarias en los próximos meses. Destaca, por ejemplo, el caso de los gigantes de la automoción en EEUU (General Motors, Ford y Chrysler), que están a la espera de recibir nuevas ayudas del Gobierno para evitar la quiebra.
Así, por ejemplo, mientras que la capitalización de General Motors se aproxima a los 15.000 millones de dólares, existen cerca de CDS por valor de 1 billón de dólares en donde se especula sobre la supervivencia o quiebra de esta compañía. Es decir, resulta prácticamente imposible cubrir tales apuestas, ya que no existe 1 billón de dólares en bonos disponibles como garantía.
La insolvencia de las aseguradoras de bonos
De este modo, la avalancha de nuevas caídas empresariales sitúa al borde del abismo a las principales aseguradoras (monoline), tales como Ambac y MBIA. No obstante, una de las principales aseguradoras del mundo (AIG) ya ha sido intervenida por el Gobierno, que se ha visto obligado a desembolsar por el rescate cerca de 150.000 millones de dólares. Curiosamente, los ex bancos de inversión de EEUU (como el ya fallido Bear Stearns) también eran vendedores netos de CDS.
Por ello, los analistas temen que caiga alguno de los grandes operadores de este mercado. Y es que, una quiebra de estas características provocaría a su vez una nueva oleada de pérdidas y quiebras bancarias, tal y como avanzó Libertad Digital.
Bush advierte del riesgo de sufrir la mayor "Gran Depresión"
El acuerdo alcanzado por el G-20 parece adelantarse a esta situación, de modo que se prevé la creación de una cámara central de compensación con el fin de absorber las pérdidas que se generen en caso de que falle alguno de los distribuidores de CDS.
Bush aclaró durante la cumbre que se siente obligado a actuar en este ámbito, ya que " si no se toman medidas decisivas, es posible que nuestro país entre en una depresión mayor que las Grandes Depresiones", informa The New York Times.