
Aunque el Estado esté inmerso en una crisis de liquidez sin precedentes y de que el volumen de gasto público duplique los ingresos, el Gobierno ha decidido aprobar un nuevo plan de ayudas directas. Tras el programa de subvenciones a la compra de coches ahora es el turno de las motocicletas.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció este viernes tras el Consejo de Ministros, el nuevo plan, denominado “Moto E”, con el que pretende impulsar el mercado de compraventa de motocicletas, cuya actividad se ha hundido en los últimos meses.
El plan tendrá un presupuesto de 9 millones de euros y durará hasta julio de 2010. Las ayudas a la compra de motos serán de entre 75 y 250 euros, aunque el Gobierno asegura que los fabricantes las podrán complementar hasta alcanzar una cuantía de 500 euros, siempre que su precio de venta no supere los 9.500 euros IVA incluido y excluido el Impuesto de Matriculación.
Las peticiones del sector se habían concentrado en la petición de una ayuda económica de 300 euros para los ciclomotores y de 750 euros para las motocicletas.
Los datos no dejan lugar a dudas. La matriculación de motocicletas en el primer semestre de 2009 cayó un 46,42%, situándose en 60.030 vehículos matriculados a lo largo de estos seis meses. Sólo en el mes de junio el número de matriculaciones de motocicletas cayó un 25,36% en comparación con 2008.
"Incentivamos así el sector de la economía española y favorecemos el parqué de motos para que sean menos contaminantes y más sostenibles", ha señalado De la Vega al anunciar que el Plan Renove de motos tendrá una inversión de 9 millones de euros.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Renove para motos, una vieja aspiración y reivindicación del sector motociclista español, en la actualidad en una de las coyunturas mercantiles más baja de su historia.
El Gobierno pide ayuda a fabricantes y autonomías
Al igual que en el plan "2000E" para estimular la venta de automóviles, esta iniciativa establece aportaciones del Gobierno y de las marcas del sector, mientras que deja discrecionalidad a las comunidades autónomas para sumarse a la misma con sus propios planes.
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