Tras la reunión bipartita en la mañana de este jueves entre representantes del Gobierno y de CCOO y UGT, el Ejecutivo manifestó su intención de negociar por la tarde (cuando se incorporó la patronal) unas medidas que descartan reformas laborales de calado que incentiven la creación de empleo.

El Gobierno quiere evitar a toda costa una huelga general después del verano y por ello rechaza las propuestas de CEOE que pide, entre otras cuestiones, una reducción en las cotizaciones de 5 puntos o lo que denomina el "Contrato del siglo XXI", que prevé una indemnización por despido de 20 días por año trabajado. Para el Gobierno se trata de "líneas rojas" que no se negociarán.

En la reunión que se celebró por la tarde, el Gobierno entregó un nuevo documento de trabajo, en la línea del anterior, ya que según fuentes cercanas al Ejecutivo una rebaja de cinco puntos de las cotizaciones a la Seguridad Social "no es posible".

La reunión empezó a las 16:30 horas y finalizó a las 18:00 en un edificio de la Seguridad Social, no en el Palacio de La Moncloa, como se había informado anteriormente. En la propuesta hay varios puntos nuevos, pero no reformas sustanciales, de tal forma que "pueda ser asumible y que no provoque más déficit público y no ponga en peligro el sistema de la Seguridad Social", señalan las fuentes consultadas por EFE.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo se limitó a publicar una nota de prensa en la que simplemente señala que "ante las actuales dificultades que atraviesa la actividad económica y el empleo, el Gobierno y los interlocutores sociales reafirman su voluntad de seguir avanzando en la negociación de un acuerdo que responda a las necesidades tanto coyunturales como estructurales de nuestra economía".

"Las actuaciones que están siendo objeto de discusión tienen como prioridad la recuperación de la actividad y el empleo, la protección de las personas más vulnerables afectadas por el desempleo, la competitividad empresarial y sentar las bases de un crecimiento económico sostenible. El objetivo del Gobierno y los interlocutores sociales es, ante la gravedad de la crisis actual, alcanzar a través del Diálogo Social, un acuerdo satisfactorio a los intereses generales", señala el departamento que dirige Celestino Corbacho.

Las subidas salariales superan 4 veces la inflación

Mientras el Gobierno espera que sindicatos y patronal lleguen a un acuerdo siguen desapareciendo empresas por la imposibilidad de mantener las estructuras salariales. De hecho, la subida salarial pactada en convenio colectivo alcanzó el 2,67% el pasado junio, lo que contrasta con el IPC negativo del 1%. Es decir, que los salarios suben casi cuatro veces más que los precios.

Por ello es vital desligar los salarios de la evolución de los precios y ajustarlos en función de la productividad. Es lo que reclaman todos los organismos internacionales y el Banco de España, pero el Ejecutivo no está dispuesto a permitir esta reforma, porque CCOO y UGT se oponen a ella.

Evitar una huelga general

Precisamente, el semanario británico The Economist centra su nueva edición en la preocupación del Gobierno español por una supuesta huelga general después del verano. Aunque de momento UGT lo descarta, CCOO no se ha pronunciado al respecto.

Ésta es una de las razones por las que "reina la inercia" en la política del Gobierno contra el paro, pese a las recientes peticiones de una reforma laboral, según afirma The Economist en un artículo recogido por Europa Press, en el que la publicación británica critica duramente la gestión del Gobierno.

"Zapatero parece empeñado en solventar los problemas (de los desempleados) a golpe de talonario, llevando el déficit presupuestario al 12% del PIB", cuando "la recuperación depende de volver a introducir a estos trabajadores en el mercado laboral", apunta la publicación.

Doble mercado laboral

Mientras todo sigue igual, The Economist expone su visión del mercado laboral español: "El doble mercado laboral divide a los trabajadores en un grupo privilegiado y protegido de la realidad de la recesión (indefinidos) y un segundo menos privilegiado con contratos temporales, en el paro o con empleos ilegales".

 "Las empresas no invierten en formación para los trabajadores temporales y se resisten a firmar contratos indefinidos. A la primera señal de crisis, sacrifican los puestos de trabajo temporales", añade.

Ante este panorama, el artículo considera que "un mercado laboral dividido proporciona flexibilidad, pero a expensas de una 'subclase' de trabajadores temporales". "La mayoría de socialistas tildarían esto de injusto, pero parece que Zapatero tiene la intención de que la situación permanezca así", concluye.

Corbacho dice una cosa España y otra en la UE

Por su parte, el ministro de Trabajo Celestino Corbacho lanza distintos mensajes en España y en Europa. Mientras que en política nacional defiende la extensión del subsidio para los parados sin prestación, en el ámbito comunitario defiende “las políticas activas de empleo” y considera que es vital crear incentivos a la contratación.

Corbacho abogó por "incentivar las políticas activas más que las de subsidio", para "procurar flexibilidad en la empresa y los sectores y que la economía pueda ajustarse en función de una determinada circunstancia, pero que no se pierda el tejido productivo ni la relación de la persona con el puesto de trabajo", todo lo contrario de lo que defiende en España.

Claro que una cosa es hacer propaganda en el ámbito nacional y otra muy distinta, emplear esta herramienta política en el marco de la Unión Europea. Sobre todo cuando la tasa de paro española alcanza el 18,7% de la población activa, el doble de la media comunitaria, y cuando desde la propia UE se critica la política de subsidios.