LD (Europa Press) Hasta ahora, el texto que se discute en el Congreso impide donaciones de personas físicas y jurídicas que contratan con la administración, pero no detalla profesiones susceptibles de veto.
El ponente del PP en la reforma, Vicente Martínez Pujalte, ya anunció hace una semana la presentación de 23 enmiendas a la reforma alegando que la actual redacción, cuyas líneas generales se han consensuado entre el PSOE y las minorías, "ampara privilegios económicos desproporcionados para los partidos y prevé un aumento de la financiación que escandaliza a la opinión pública".
Otras de sus enmiendas pretenden obligar a todos los partidos políticos a hacer pública la lista de créditos que tienen firmados, las entidades con las que se concertaron y las condiciones de esos contratos. Además, abogan por prohibir las operaciones de condonación de intereses o capital.
Asimismo, quieren revocar el incremento de la financiación pública previsto para 2008 y el aumento de 90.000 a 100.000 euros del límite de aportación anual de una misma persona física o jurídica a un partido político, temas ambos que se incluyeron por acuerdo del resto de grupos en la discusión sobre la reforma que se llevó a cabo en la ponencia parlamentaria correspondiente a finales de marzo.
Han incorporado también otra propuesta para que, en el reparto de las subvenciones públicas, no se tengan en cuenta los votos obtenidos por una formación política en las circunscripciones donde no llega al 3 por ciento de los votos válidos.
Igualmente, proponen que todas las fundaciones vinculadas con los partidos hagan públicas sus cuentas --una práctica que, según el PP, hasta ahora sólo aplica la FAES que preside José María Aznar-- y que se aumenten los controles que sobre ellas ejerce la Administración como entidades perceptoras de subvenciones públicas.
En otra de sus enmiendas, el PP insistirá en recuperar el texto de 2003 que permite e Interior suspender la entrega de subvenciones públicas a formaciones "sospechosas" de estar vinculadas con Batasuna. Hasta ahora el PSOE prefiere limitar esa congelación de fondos a procedimientos de ilegalización abiertos y a instancias de la Justicia.
Según afirmó en su día Pujalte, el Gobierno no acepta su propuesta porque pretende "mejorar la financiación de Batasuna o sus primos hermanos", vulnerando el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo.