LD (M. Llamas) Más gasto y menos ingresos en las cuentas de la Administración Pública se materializa en un creciente desequilibrio presupuestario. Pese a ello, el Gobierno confía plenamente en la inversión pública y la política de subsidios para combatir la recesión y el histórico volumen de paro que ya presenta España.
Así, el Banco de España prevé que el déficit público alcance el 8% en 2009 y 2010, y una caída del PIB próxima al 3% en el presente ejercicio. Un desfase que, tarde o temprano, tendrá que ser combatido con subidas de impuestos a familias y empresas, tal y como comienzan a reclamar algunos organismos de referencia, como la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).
En este sentido, destaca el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicado esta misma semana. El Fondo presenta algunos datos reveladores sobre la economía nacional. El primer análisis del FMI sobre España se llevó a cabo poco antes de Navidad. Entonces, el Fondo pintaba un escenario muy optimista: caída del PIB del 1,7% en 2009 y de apenas un 0,1% en 2010, junto a un déficit fiscal del 6% en ambos ejercicios.
Lo curioso es que, con esta previsión, el FMI reconocía que "las políticas económicas actuales no garantizan la sostenibilidad fiscal a largo plazo", en referencia a las medidas de rescate público aplicadas por el Gobierno hasta entonces. Es decir, el Gobierno, tal y como prevé el propio FMI, se verá obligado a incrementar la presión fiscal.
¿Problema? Ante la dureza de la recesión, el FMI tuvo que revisar sus estimaciones a la baja: ahora estima que el PIB caerá un 3% en 2009 y otro 0,7% en 2010, mientras que el déficit público alcanzará el 7,5% del PIB en 2009, tal y como recoge randomspaniard. Es decir, la sostenibilidad fiscal a largo plazo queda aún más en entredicho.
Como resultado, la deuda pública se duplicará con respecto al nivel de 2007, al pasar del 38,9% al 80,4% del PIB a finales de 2010, en caso de que el Gobierno acabe empleando el total de los avales públicos concedidos a la banca para garantizar sus emisiones de deuda y las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Y eso, sin contar con que el Ejecutivo está ultimando la aprobación de un nuevo fondo de rescate financiero dotado con cerca de 90.000 millones de euros.
Llegado el caso, España se enfrentará a un nueva degradación crediticia, tras la rebaja de la deuda aplicada recientemente -España ya no cuenta con la máxima calidad de deuda, triple AAA-. Y es que, según advertía Jürgen Stark, miembro del Banco Central Europeo (BCE), el pasado diciembre, muchos Estados presentarán un déficit de entre el 5% y el 7% en el plazo de un año y, como consecuencia, el ratio de deuda crecerá entre un 10% y un 20%. El coste de la financiación será, pues, todo un "desafío" para muchos.
La calificación de los bonos españoles (doble A) correrían nuevamente peligro. Las agencias de rating podrían degradar nuevamente la calidad de la deuda española en caso de que alcance el 60% del PIB. Es decir, España tendría más dificultades para colocar sus bonos en el mercado. El Gobierno se vería obligado entonces a ofrecer un rendimiento mucho mayor para colocar las letras del Tesoro entre los inversores. Es decir, la factura de la financiación pública para los contrinuyentes españoles, presentes y futuros, se dispararía.