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Los bancos piden ayuda a Salgado por las sentencias contra las cláusulas abusivas

AEB ruega al Ejecutivo que haga algo para mantener el actual régimen legal, tras las últimas resoluciones judiciales.

Los bancos están preocupados por la suerte de muchos de sus créditos hipotecarios. En los últimos meses, han sido varias las sentencias que han cuestionado parte de los contratos vigentes, especialmente en lo que hace referencia a las cláusulas suelo y a la posibilidad de saldar la hipoteca con la entrega de la casa.

Para intentar detener esta dinámica, las entidades ya han anunciado que recurrirán hasta las últimas instancias las sentencias contrarias. Ahora, además, han decidido pedir ayuda al Ejecutivo. Este mismo lunes, Miguel Martín, presidente de la Asociación Española de Banca (AEB) enviaba una carta a Elena Salgado, ministra de Economía, en la que se refería a la preocupación del sector.

El presidente de la patronal afirmaba que se están produciendo "resoluciones e iniciativas que, de confirmarse, pondrían en cuestión el principio de seguridad jurídica y tendrían un impacto muy negativo sobre los títulos y los créditos hipotecarios". Martín se refiere especialmente a dos cuestiones. La primera es la anulación de las cláusulas suelo de las hipotecas: aquellas con las que el banco se aseguran un interés mínimo si los tipos oficiales bajan de un determinado nivel. La segunda cuestión polémica es la de la dación en pago: es decir, la posibilidad de saldar la hipoteca simplemente con la entrega de la casa.

Las cláusulas suelo

El Juzgado número 2 de lo Mercantil de Sevilla decretó hace algo más de un mes que este tipo de cláusulas eran abusivas. En opinión del juez, el "evidente desfase" que existe entre los suelos y techos de los tipos de interés en los préstamos hipotecarios, proporciona un beneficio al banco "que carece de reciprocidad en perjuicio del consumidor". Es decir, que según esta sentencia, no es lícito que los bancos incluyan límites por abajo, incluso cuando impongan también topes por arriba, si unos y otros no son equiparables.

Aunque sin nombrarla explícitamente, es evidente que la protesta de la AEB ante el Ministerio está motivada, entre otras, por esta sentencia. En opinión de Martín, estas cláusulas son simplemente "instrumentos de cobertura del riesgo de interés" y están "avaladas por la legislación vigente incluso cuando no son simétricas".

Además, el presidente de la patronal asegura que "la imposibilidad de aplicar estas cláusulas frustraría el equilibrio financiero pactado y conllevaría un arbitrario y serio perjuicio contra las entidades". En este caso, apela a la responsabilidad individual de cada cliente que debe saber lo que está firmando.

La entrega de la casa

Pero aún más peligrosas para los bancos son las sentencias que han admitido que la entrega de la casa en una subasta pública puede saldar la hipoteca, incluso aunque la deuda pendiente sea mayor que la cantidad por la que se adjudicó el bien en esa subasta. Primero fue la Audiencia Provincial de Navarra y, un mes después, se le unió un juzgado de primera instancia de Barcelona.

Según la ley hipotecaria, cuando un particular deja de pagar la hipoteca, el banco tiene derecho a que se le devuelva el importe total del préstamo, no basta con entregar el bien hipotecado (lo que se conoce como dación en pago, habitual en EEUU). Sin embargo, las dos sentencias referidas admitieron que se saldase la deuda argumentando que la valoración del inmueble era superior a la deuda viva, por lo que el banco debía darse por satisfecho con la entrega de las llaves.

Martín asegura que "los bancos hacen los mayores esfuerzos para renegociar las condiciones de cualquier préstamo", pero que, cuando esto no es suficiente, debe pedir el reintegro de la deuda, una pretensión que califica de "no sólo legítima, sino obligada para proteger la solvencia de la entidad y los intereses de sus depositantes y accionistas".

En este sentido, la AEB cree que sería "muy desafortunado" que se extendieran esta clase de resoluciones, por su "especial incidencia sobre los títulos hipotecarios ya emitidos, que quedarían irreversiblemente dañados". Además, destaca que el saldo vivo de estos créditos es de 524.000 millones, por lo que "cualquier alteración del régimen legal o contractual de los créditos" tendría un gran "impacto" en el sector.

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