De ser ciertas las cifras de morosidad que ofrecen los analistas de la entidad helvética, más de una entidad española estaría haciendo uso de los trucos contables para ocultar su insolvencia. Y ello, con el permiso del Banco de España. La morosidad del sistema financiero español cerró 2009 con una morosidad del 5,07% -cerca de 93.000 millones de euros-, el nivel más alto desde mayo de 1996.

Lo más curioso, si cabe, es que mientras que los bancos vieron repuntar su morosidad desde el 4,71% en noviembre hasta el 5,02% el pasado diciembre, en el caso de las cajas de ahorros ésta bajó 21 décimas hasta el 5,05%. ¿Cómo es posible? Todos los analistas y organismos coinciden en que las cajas de ahorros, sobre todo las medianas y pequeñas, son las más expuestas al estallido de la burbuja inmobiliaria y, por lo tanto, las que deberían reflejar un mayor deterioro de sus balances como resultado del impago de promotores e hipotecas.

La respuesta está, nuevamente, en las trampas contables que realizan determinadas entidades, con el consentimiento del Banco de España, según Credit Suisse. Así, si el pasado octubre la entidad alertó de que bancos y cajas ocultaban cerca de 30.000 millones de euros en créditos dudosos, esta cifra podría ascender ahora a 90.000 millones,  según un informe del pasado 18 de febrero.

Así, tal y como recoge Luis Garicano, profesor de la London School of Economics, las nuevas estimaciones de la entidad helvética son contundentes. En primer lugar, la mora del sistema ha aumentado un 600% en dos años, hasta los 92.600 millones de euros.

Sin embargo, “las cajas han declarado mejoras en su mora de un 50% desde finales del primer trimestre del 2009 a pesar de que están materialmente más expuestos al mercado de la propiedad residencial en general y a los promotores en particular”, incide el informe. Además, bancos y cajas han adquirido 30.000 millones de euros en activos inmobiliarios, mientras que las reestructuraciones financieras podrían alcanzar el 3,5% de los créditos (unos 60.000 millones). De hecho, las entidades están destinando casi el 50% de las nuevas hipotecas a renovar créditos antiguos.

De este modo, “combinando los dos conceptos tenemos activos manejados (managed assets ) de 90.000 millones -más o menos el tamaño de la mora-, con lo que el total de créditos malos es de alrededor de 180.000 millones de euros”, concluye Garicano.

Por su parte, el capital del sistema financiero se aproxima a los 191.000 millones de euros, mientras que las provisiones totales (genéricas más específicas) se sitúan en 54.000 millones, con lo que apenas cubrirían el 16% del crédito promotor (325.000 millones).

¿Conclusión?

“La magnitud de los números de mora, de créditos reestructurados, de provisiones y de capital en el sistema sugieren que, dada  la enorme heterogeneidad en el sistema, hay varias instituciones insolventes, que sólo sobreviven por artificios contables”.

Según Credit Suisse, “los problemas están siendo pospuestos con la esperanza de una pronta recuperación económica (probable) y del mercado hipotecario (improbable, en nuestra opinión […] Estamos preocupados por el impacto a medio plazo de esta práctica, así como por la cantidad de intereses que las instituciones financieras contabilizan pero no reciben”.

Es decir, los balances de las entidades no son creíbles en muchos casos, sobre todo, en el ámbito de las cajas de ahorros. En este sentido, Garicano indica que “los bancos informan de las compras de activos y las contabilizan de forma relativamente realista y son capaces, por tanto, de venderlos. Por ejemplo, Bankinter en el tercer trimestre del 2009 hizo un mark down [depreciación] del 37% en una venta de activos. Santander y BBVA acaban de dar unos resultados bastante transparentes y creíbles”. Sin embargo, “no existe ninguna duda de que hay instituciones en las que la transparencia brilla por su ausencia”, alerta.

“Necesitamos, si vamos a rescatar la credibilidad de nuestro sistema financiero, mucha más transparencia. Bienvenida, en ese sentido, si es cierta, la nueva norma del regulador que exige provisionar el 30% del valor de los inmuebles”, concluye.