LD (Europa Press) "Independientemente de las opiniones editoriales" que se puedan tener sobre el contenido del proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la TDT, liberalización del cable y fomento del pluralismo, "es obvio" –afirman Godó y Prisa– "que un mayor número de operadores de televisión supondrá un beneficio para los ciudadanos, en general, y para el sector de la comunicación, en particular".
En su opinión, "al margen de quiénes sean" esos nuevos operadores, con la concesión de nuevas licencias de televisión analógica "se verán potenciados el pluralismo informativo y la competencia empresarial, lo mismo que los anunciantes, productores de cine y programas audiovisuales, y otros agentes de la industria".
Ambos grupos manifiestan su "sorpresa ante las manipulaciones informativas realizadas por algunos colegas a este respecto, tendentes a confundir a la opinión pública acerca del alcance real del citado proyecto de ley, y de sus consecuencias para la industria de la comunicación y las libertades de expresión e información". En el documento conjunto, también se lamenta la "utilización partidista" de las empresas del sector por parte de algunos grupos parlamentarios y se rechaza los "intentos de convertir la defensa de intereses económicos particulares –por legítimos que sean– en elementos de disensión política y empresarial".
Desmienten a Zapatero: la Ley no responde a "asuntos pendientes"
En cuanto a la modificación de los límites de participación en frecuencias radiofónicas –de la que Zapatero dijo el lunes que "resuelve un problema que lleva años pendiente, y que nadie había resuelto" debido a las "dificultades objetivas de aplicación de una sentencia"–, Godó (propietario del 20 por ciento de Unión Radio y de Antena3 Radio) y Prisa (propietario de la SER) aseguraron que "de ninguna forma esa medida puede responder a asuntos pendientes". Ambos grupos se referían así a la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de junio de 2000, que consideró ilegal la fusión de ambas en Unión Radio, y que, a su juicio, "se ha cumplido 'en sus propios términos', como exigía el Tribunal".