Las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos CC OO y UGT ultiman su contestación a la última propuesta que el Gobierno les remitió el pasado día 25 de junio con la intención de cerrar un acuerdo antes de agosto en la mesa de diálogo social.
Para ambas partes, las principales concesiones del Ejecutivo resultan insuficientes, aunque su coste total supera los 2.100 millones de euros. Los empresarios reclaman una rebaja generalizada de cotizaciones a la Seguridad Social de, por lo menos, tres puntos, mientras que la oferta de Zapatero se limita a un "reajuste" a la baja de las cotizaciones de 0,5 puntos en contingencias profesionales como la enfermedad y el accidente laboral.
Las centrales sindicales opinan que la nueva ayuda de 420 euros al mes durante un semestre para los parados que hayan agotado sus prestaciones (contributiva y asistencial) se queda “muy corta”.
La reforma de las cotizaciones, de ser aceptada, supondría un ahorro de 1.600 millones de euros para los empresarios. El Gobierno argumenta que se trata de una medida que “al no afectar a la financiación de las contingencias comunes no incide en la sostenibilidad del sistema público de pensiones”.
En su financiación se utilizarían los excedentes de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y los acumulados en el Fondo de Prevención de Riesgos Laborales, es decir, “recursos ociosos” sin repercusión en las cuentas de la Seguridad Social.
Para CC OO y UGT, la propuesta oficial tiene muchas incógnitas que despejar. "La cuantía de 420 euros es insuficiente, así como su duración y el número de beneficiados", explica un portavoz sindical. Las centrales calculan que los parados que se quedarán próximamente sin cobertura llegarán a 500.000 personas, frente a las 200.000 que predice el Gobierno.
El coste estimado de la nueva prestación, que correrá a cargo del Ejecutivo central, se sitúa en torno a los 453 millones de euros. Las comunidades autónomas tendrán que encargarse de los cursos de formación, que quedarían vinculados a la percepción de la ayuda económica. Previsiblemente, la medida entrará en vigor entre octubre de 2009 y marzo de 2010.
El proyecto de acuerdo del Gobierno recoge otros 52 millones para prolongar en 2010 la labor de los 1.500 “orientadores” contratados para la ayuda personalizada a los parados. Además, refleja cambios para la mejora de la formación profesional, la fiscalidad unida a la vivienda y la Ley Concursal.