Un total de nueve países de la UE-27, más de un tercio de los países comunitarios, han solicitado por carta un cambio radical en la forma de contabilizar la deuda pública. En concreto, la misiva ha sido firmada por los gobiernos de Lituania, Letonia, Bulgaria, Suecia, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y la República Checa.
La cuestión es que este grupo de países modificó hace años sus respectivos sistemas públicos de pensiones con el fin de transitar desde un modelo de reparto (como el español) hacia otro de capitalización, similar al modelo implantado en Chile. Sin embargo, este cambio de régimen llevará tiempo. El período de transición obliga al Estado a seguir aportando dinero para financiar el antiguo modelo.
Y es que, mientras que los jóvenes de estos países se pueden beneficiar de grandes exenciones fiscales mediante la contratación de planes de pensiones privados, los gobiernos emiten deuda pública para mantener el pago mensual de los jubilados actuales. Además, los trabajadores de mayor edad no han tenido tiempo suficiente para ir constituyendo su colchón privado de ahorros, con lo que también son beneficiarios de subsidios públicos para completar sus pensiones futuras.
Ante esta situación, Suecia y los países del Europa del Este reclaman a Bruselas que el dinero destinado para este fin no sea contabilizado como deuda pública. Es decir, solicitan trampear los criterios contables que establece la UE para ocultar su creciente deuda. En su carta, piden que se revise el procedimiento de déficit excesivo para que los países que hayan optado por la capitalización de las pensiones no estén obligados a contabilizar como deuda el coste de dicha transición. Y, para ello, argumentan que se encuentran en una situación de desventaja en comparación con los gobiernos que no han emprendido tal reforma.
No obstante, para que la transición tenga lugar, el Estado tendrá que seguir pagando las pensiones a los jubilados actuales sin poder recurrir a las cotizaciones de los trabajadores, que ya se benefician de la posibilidad de ir engordando su plan de jubilación privada. Sin embargo, una vez que se complete el proceso el dinero público destinado a pensiones será muy inferior al actual, por lo que dichos gobiernos piden que el coste actual del proceso sea considerado como una inversión y no como un gasto.
Polonia, por ejemplo, destinará al mantenimiento del sistema público de pensiones el 1,1% del PIB en 2010, además del apoyo adicional que prestará a los fondos privados de los trabajadores de mayor edad, mientras que el coste para Hungría se aproximará al 1,4% del PIB.
Menos déficit
Si la Comisión Europea, que estudiará esta petición el próximo septiembre, excluyera estos pagos de sus cálculos de déficit, las finanzas de estos países se verían beneficiadas: la brecha fiscal de Polonia se reduciría así desde el 6,3% al 5,2% en 2010, según las previsiones elaboradas por el banco de inversión Goldman Sachs, mientras que en el caso de Hungría bajaría del 4,2% al 2,8%.
Lo curioso es que dichos gobiernos bien podrían apostar por reducir aún más el gasto público en otras partidas a fin de sufragar dicho coste en lugar de esconder bajo la alfombra más deuda.
Asimismo, los analistas de Goldman coinciden en que aquellos países que sigan manteniendo sus respectivos sistemas de reparto se verán perjudicados a largo plazo, ya que el deterioro de las cuentas públicas se agravará debido, sobre todo, al creciente envejecimiento de la población.
De ahí que varios países europeos, entre ellos España, hayan planteado retrasar la edad de jubilación y reducir las pensiones futuras con el fin de mantener el sistema. Y ello, pese a que la capitalización de las pensiones permitiría a los futuros jubilados españoles cobrar una media de 3.500 euros al mes frente a los algo más de 800 que cobran con el actual modelo.