El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aegura que no tiene un plan de pensiones privado y así se lo ha confirmado a los periodistas en los pasillos del Congreso, después de someterse al control de la oposición.
Zapatero ha respondido con un rotundo "no" cuando se le ha preguntado si contaba con un plan complementario al sistema público de pensiones. Lo ha hecho después de que su ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, recomendara a los trabajadores españoles que se hicieran un plan de pensiones privado si querían compensar la pérdida de ingresos que se produce con la jubilación.
Corbacho sí tiene un plan privado que complementará el sistema público, según admitió el pasado martes. Las Cortes Generales contemplan un complemento de jubilación que garantiza llegar a la pensión máxima habiendo sido diputado o senador un mínimo de once años.
También hay un Plan de Previsión Social para todos los diputados al que se destina el 10% de la asignación constitucional que reciben. Los políticos tienen una jubilación de oro. En 2006 la Mesa del Congreso de los Diputados y del Senado aprobaron el Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los ex parlamentarios para, “cubrir una laguna normativa que existe desde la aprobación de los Reglamentos del Congreso de los Diputados del Senado en 1982”.
Para intentar poner paños calientes a sus declaraciones, Corbacho aseguró horas después que las pensiones del sistema público están garantizadas hasta 2025 (lo que supondría que los que ahora tienen menos de 50 años sufrirán recortes) "sin hacer absolutamente ninguna modificación", pero que a partir de esa fecha habrá 4 millones de pensionistas más.
En esta línea consideró que vamos hacia un sistema en el que la gente se incorporará más tarde al mundo laboral. Por lo tanto, dijo, es imposible "jubilarse antes, dar más pensiones y seguir cobrando lo mismo", así que hay que debatir sobre las medidas a tomar. Sorprendente análisis, ya que Corbacho ha negado de forma sistemática desde que llegó al cargo que el sistema público necesitara reformas, pero la realidad es tozuda y no se puede seguir manteniendo la propaganda de forma indefinida.
Una horas después el ministro, tras las críticas recibidas, matizó sus palabras en los pasillos del Senado, donde dijo que los planes privados no podrán sustituir al sistema público "nunca jamás". Además, retomó su discurso oficial y afirmó que el modelo actual "no corre ningún peligro" y que su apuesta es que "continúe funcionando con la misma garantía que hasta ahora".
De la Vega sí ha contratado uno
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, admitió este miércoles que tiene un plan de pensiones privado como complemento a su futura pensión, aunque precisó que éste no es sustitutivo de la pensión pública.
"Creo que los planes de pensiones privados son una opción legítima, son muchos los ciudadanos que los utilizan", subrayó la vicepresidenta primera, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.
No obstante, destacó el compromiso del Gobierno por "mantener, reforzar y garantizar" de cara al futuro el sistema público de pensiones. "Es un compromiso total e irrenunciable, más allá de que cualquier persona esté en su legítimo derecho de hacerse un plan", señaló.
En este sentido, insistió en que el Ejecutivo está trabajando para seguir manteniendo el sistema de pensiones públicas para las futuras generaciones y para que todos los ciudadanos puedan acceder de forma "solidaria y equitativa" a las prestaciones sociales.
"Este es el Gobierno que más ha subido las pensiones mínimas , casi el 32% en seis años, y que más prestaciones sociales ha impulsado, reconocido y mantenido incluso en sistuaciones de dificultad económica", señaló. Se olvidó de mencionar que este incremento de las pensiones mínimas se ha hecho violando la Ley de la Seguridad Social, ya que se ha realizado con dinero de la caja del sistema de protección, en lugar de acudir a los Presupuestos del Estado.Elena Salgado no quiere confesar
Por su parte, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, no ha aclarado si apuesta por el sector privado para garantizar su jubilación. Ha eludido la pregunta argumentando "razones personales", pero ha señalado que, como lleva cotizando desde los veintidós años, no necesitará "ni tan siquiera" la pensión de ex ministra. "Mi vida no interesa", dice Salgado.
En cuanto al titular de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, Miguel Sebastián, dice que tener un plan privado de pensiones no debe ser "tan malo" cuando todos los gobiernos, con independencia de su adscripción política, bonifican estos productos de ahorro "de forma generosa" con incentivos fiscales.
Francisco Caamaño, ministro de Justicia, afirma que no tiene plan de pensiones privado. "Tenemos un magnífico sistema de Seguridad Social, y nuestras pensiones están consolidadas son muy potentes con el sistema que tenemos", ha declarado. Caamaño también ha indicado que, "por supuesto, libremente, cualquier otro ciudadano puede hacer y adoptar las medidas" que crea convenientes, pero ha insistido en que "tenemos un magnífico sistema de pensiones. Y yo, como me fío de él, es el que tengo".
Otros ministros que también apuestan por el sector privado son Elena Espinosa (Medio Ambiente, rural y Marino), Beatriz Corredor (Vivienda) y el vicepresidente tercero, Manuel Chaves. Por su parte, José Blanco (Fomento) y Trinidad Jiménez (Sanidad) dejan todo en manos del Estado.
En cuanto a los responsables de las distintas formaciones políticas, destaca el caso de G aspar Llamazares, portavoz en el Congreso de IU, que ha contratado un plan de pensiones privado. Eso sí, ha intentado no admitirlo abiertamente, al señalar que se trata de un "fondo de ahorro" entre titubeos. Para terminar de rizar el rizo desaconseja a los ciudadanos acudir a esta vía para asegurar la jubilación "porque su rentabilidad es menor a la de un bono del Estado" y porque, según destacó, la mayoría han perdido "entre un 20% y un 30% del capital inicial". Además, aprovechó para instar al ministro de Trabajo a que defienda las pensiones públicas "y no tanto las privadas".
Desde CiU, su portavoz, Josep Antoni Duran i Lleida , dice que ha firmado un plan privado en el que dijo que "simplemente" mete 600 euros mensuales- "mi plan es escaso y, si pudiera, lo reforzaría", llegó a decir- y recomendó a "todo el mundo que pueda" que siga su ejemplo para complementar su pensión.
En esta misma línea, su homólogo del PNV, Josu Erkoreka, aconsejó suscribir uno "pero no por desconfianza en las pensiones públicas, sino porque, por la evolución demográfica, puede hacer que la cuantía no supere el nivel mínimo de dignidad".
Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Ridao, dudó al ser preguntado. "Creo que no", declaró tras explicar que no lo necesita porque lleva años trabajando como abogado, profesor y ahora como parlamentario.
La líder de UPyD, Rosa Díez, indicó que contrató un plan de pensiones en los noventa y que hace "mucho tiempo" que dejó de capitalizarlo, pero en todo caso abogó por la necesidad de que la Seguridad Social garantice una pensión "digna, y que lo demás sea algo complementario pero no necesario".
Soraya tiene uno "muy bajito"
Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha desvelado que ha suscrito un plan de pensiones privado "muy bajito" desde que empezó a trabajar en la Administración Pública, si bien indicó que tiene intención de hacer "un mayor esfuerzo de ahorro" tras escuchar ayer a Corbacho.
También dijo tenerlo el secretario general, José Luis Ayllón, pero "no desde hace mucho tiempo, más o menos desde que Corbacho es ministro de Trabajo", y la diputada y secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, Celia Villalobos, que incluso prepara uno para sus hijos.
Tanto ella, como el diputado Vicente Martínez Pujalte y el responsable económico del Grupo Popular, Cristóbal Montoro, aprovecharon para criticar al Gobierno por estar infundiendo "miedo" a los ciudadanos sugiriendo la conveniencia de contratar planes privados y para censurar que Corbacho realice este tipo de declaraciones "sin hacerse cargo de su responsabilidad".
"Lo mejor para garantizar las pensiones es empleo, empleo y empleo", resumió Pujalte.