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Como en 1995 un Gobierno del PSOE invita a contratar planes de pensiones

Celestino Corbacho ha vuelto a desatar la polémica a costa del sistema público de pensiones. Si hace unos días planteó una ampliación del periodo de cotización (que imlicaría una reducción de las prestaciones), este martes ha aconsejado a los españoles que se hagan un plan privado: él ya lo tiene.

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Celestino Corbacho ha vuelto a desatar la polémica a costa del sistema público de pensiones. Si hace unos días planteó una ampliación del periodo de cotización (que imlicaría una reducción de las prestaciones), este martes ha aconsejado a los españoles que se hagan un plan privado: él ya lo tiene.

 Como si de un deja vu se tratara, un Gobierno del PSOE aconseja a los ciudadanos contratar planes de pensiones privados para asegurarse la jubilación. El sistema público no garantiza el retiro por la mala gestión económica y el envejecimiento de la población.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha decidido quitarse la venda de los ojos. Como ya hizo en 1995 el entonces ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha recomendado a los ciudadanos que contraten planes de pensiones privados que complementen al sistema público. Este mensaje supone un giro de 180 grados en las tesis defendidas hasta ahora por el Gobierno, que siempre se ha negado a admitir la necesidad de acudir al sector privado para garantizar un retiro medianamente digno.

Como ocurrió hace quince años, el Ejecutivo socialista dice, al mismo tiempo, que la Seguridad Social goza de buena salud, con el objetivo de intentar ocultar su pésima gestión económica (incluyendo incumplimientos flagrantes de la Ley). De esta forma se intenta evitar que los ciudadanos descubran que el dinero de sus pensiones será menor del esperado. El sistema público no garantiza el retiro por la mala gestión económica y por el cambio en la pirámide demográfica (envejecimiento de la población y menor llegada de inmigrantes)

La bomba informativa ha saltado este martes. Corbacho aconseja a los trabajadores tener un plan de pensiones que complete el sistema público, "no porque éste vaya a tener problemas" y no vayan a poder cobrar, sino para "compensar la pérdida de ingresos que se produce al jubilarse". Además, el ministro reconoció en una entrevista a Telemadrid que hace muchos años tiene un plan de pensiones y dijo que sobre el tema del futuro de las pensiones se ha contaminado mucho el debate, según informa Efe.

Para intentar poner paños calientes a sus declaraciones, Corbacho aseguró que las pensiones del sistema público están garantizadas hasta 2025 (lo que supondría que los que ahora tienen menos de 50 años sufrirán recortes) "sin hacer absolutamente ninguna modificación", pero que a partir de esa fecha habrá 4 millones de pensionistas más.

En esta línea consideró que vamos hacia un sistema en el que la gente se incorporará más tarde al mundo laboral. Por lo tanto, dijo, es imposible "jubilarse antes, dar más pensiones y seguir cobrando lo mismo", así que hay que debatir sobre las medidas a tomar. Sorprendente análisis, ya que Corbacho ha negado de forma sistemática desde que llegó al cargo que el sistema público necesitara reformas, pero la realidad es tozuda y no se puede seguir manteniendo la propaganda de forma indefinida.

Una horas después el ministro, tras las críticas recibidas, matizó sus palabras en los pasillos del Senado, donde dijo que los planes privados no podrán sustituir al sistema público "nunca jamás". Además, retomó su discurso oficial y afirmó que el modelo actual "no corre ningún peligro" y que su apuesta es que "continúe funcionando con la misma garantía que hasta ahora".

Faltan 6.300 millones de la hucha de las pensiones

Que el sistema público de pensiones actual es inviable no es ningún secreto para cualquier persona que esté medianamente informada. El gobernador del Banco de España y todos los organismos internacionales lo llevan advirtiendo desde hace meses, y varios economistas lo han apuntado varias veces en los últimos años. El espejismo que supuso el incremento de población derivado de la llegada masiva de inmigrantes (que, además, elevaron la tasa de natalidad) ha desaparecido; pero el Gobierno también tiene responsabilidad en el agotamiento del modelo público actual.

En primer lugar es necesario recordar que el Gobierno incumple la normativa que regula la Seguridad Social. La Ley 40/2007 obliga al Estado a inyectar todos los años el superávit generado en el sistema de pensiones al Fondo de Reserva (denominado coloquialmente como la "hucha de las pensiones". Este año tenía que haber inyectado 8.073 millones del superávit de 2008, pero sólo ha dotado 1.740 millones. Es decir, que faltan 6.333 millones de euros que nadie sabe donde están, según fuentes del PP consultadas por LD.

Los propios Presupuestos Generales del Estado no contabilizan la citada aportación de más de 8.000 millones (a los que habría que sumar otros 3.000 millones liberados del sistema por el descenso del IPC).

Además, el Gobierno también incumple la Ley en lo referente a las fuentes de financiación y los complementos a mínimos. Según los PGE, en 2010 la Seguridad Social afrontará un 62% del gasto de estos complementos y el texto indica que la aportación del Estado crecerá en 300 millones de euros, hasta alcanzar los 2.706 millones, y que el Estado con esta cantidad cubre un poco más del 38%.

Tasa de paro juvenil del 40%

Además de estos incumplimientos de la legislación, el Gobierno es responsable de que la tasa de paro de juvenil se haya duplicado en los dos últimos años, hasta superar el 40%. La ausencia de una reforma laboral profunda en la época de bonanza económica (cuando la caja pública estaba llena y las empresas creaban empleo) es otro de los factores que amenazan el sistema público de pensiones. La tasa de natalidad pasa a un segundo plano cuando los jóvenes no pueden incorporarse al mercado de trabajo.

Como en 1995, el Gobierno plantea ahora reformas. En concreto, quiere rebajar las pensiones una media del 10% a través de la ampliación del periodo de cálculo; una medida que irá acompañada del aumento en la edad de jubilación hasta los 67 años. Cuando el Banco de España solicitó a principio de 2009 aplicar esta reforma y el ministro de Trabajo salió a escena para atacar al gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Como casi siempre la historia se repite. En 1995 el entonces ministro de Trabajo José Antonio Griñán, consideraba que el sistema de pensiones público estaba "consolidado" y era "estable", descartando la necesidad de cambios drásticos en el mismo. Al mismo tiempo considera conveniente "alcanzar una mayor proporcionalidad entre cotizaciones y prestaciones" (ampliar el periodo de cálculo), y aprobar una "flexibilización voluntaria de la jubilación" (aumento de la edad de retiro). Entonces, como ahora, la caja pública estaba vacía.

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