La afirmación clave de los fiscales anticorrupción, no siempre de acuerdo con la juez Alaya en lo que se refiere a los ritmos, es la siguiente: "Burlar todos los controles de la Intervención de la Junta como medio para poder dilapidar fondos públicos, favoreciendo y enriqueciendo a terceros... sí es penalmente relevante e implica a todos aquellos que, conociendo tal uso perverso, lo hicieron posible o sencillamente no lo evitaron".
Dicho de otro modo, la Fiscalía acepta que el comportamiento de los políticos en el caso cabe en el Código Penal, que es la tesis de la juez Alaya que considera que el uso perverso de las transferencias de financiación utilizadas por los altos cargos políticos de la Junta de Andalucía, es delictivo. Hace falta poner rostro a quienes consintieron tales conductas y no sólo a los que se aprovecharon de la oportunidad.
Tampoco acepta la Fiscalía anticorrupción consecuentemente y subraya El Mundo, que el mal uso de las transferencias de financiación sea simplemente una infracción administrativa pero no un delito. Y dicen en su último documento: "La fórmula montada tiene una apariencia formal de legalidad, pero una última finalidad fraudulenta, indiciariamente delictiva, que supera la categoría de infracción o irregularidad administrativa".
La Fiscalía advierte de la existencia de "hechos objetivos" que avalan el uso perverso de las transferencias de financiación, "engordadas mediante las oportunas modificaciones presupuestarias", expresión que recuerda a la acusación que el ex interventor general Manuel Gómez dirigió a José Antonio Griñán, al afearle "cebar sin descanso la corrupta partida" de los ERE.
Recuérdese que el origen del procedimiento viciado está en el convenio del 17 de julio de 2001 firmado entre el entonces consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, y su viceconsejero y presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Antonio Fernández. En él, dicen los fiscales, "hábilmente, a los mismos efectos de evitar cualquier fiscalización que estorbara, separaba el expediente de la ayuda, que permanecía en la Consejería de Empleo, del pago, que se efectuaba en el IFA"(luego IDEA)
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) apuntaba a una posible responsabilidad in vigilando atribuible al ex consejero de Empleo Manuel Recio por la decisión adoptada por un subordinado, el ex director general de Trabajo, Daniel Rivera, imputado por Alaya.
El caso Astilleros de Huelva y Griñán
Urgen los fiscales a la apertura de pieza separada por la ayuda concedida a Astilleros de Huelva en 2011, ayuda que fue denunciada por el PP. Lo hacen mediante un escrito que pide se incoen diligencias previas separadas del caso ERE para investigar un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 15 de noviembre de 2011, siendo presidente José Antonio Griñán, en el que se autorizó una subvención excepcional a Astilleros de Huelva.
En un auto reciente, la magistrada Mercedes Alaya atendió la petición realizada por la acusación ejercida por el PP-A y pidió a la Consejería de Empleo y al Consejo de Gobierno de la Junta los expedientes administrativos "íntegros, completos y foliados" que se hayan seguido para el otorgamiento de la subvención excepcional para atender a la solicitud formulada por los administradores concursales de Astilleros de Huelva, así como toda la documentación que posea sobre los pagos que se hayan realizado y la justificación del beneficiario.
Ahora, Europa Press apunta que la Fiscalía expone que "atendiendo a la fecha del acuerdo del Consejo de Gobierno y a su no vinculación al objeto de las presentes actuaciones", deben incoarse diligencias previas separadas del caso ERE "para la averiguación de los hechos y de sus presuntos responsables", máxime "si atendemos a la extensión y complejidad que ya de por sí tiene" el procedimiento de los ERE.
Recuérdese que el PP-A pidió a la juez que investigara la autorización por el Consejo de Gobierno de la concesión de esta subvención excepcional a Astilleros, pues entiende que "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la Orden de 1 de abril de 2011 de la Consejería de Empleo".
Piezas separadas para simplificar el caso
Su fundamento está inmerso en el artículo 762 de la ley de Enjuiciamiento Criminal: "El juez podrá acordar la formación de las piezas separadas que resulten convenientes para simplificar y activar el procedimiento". Contra lo afirmado por la juez de que la instrucción estaba cerca de su final, los fiscales creen "no está ni mucho menos cercana a su conclusión" después de casi tres años de instrucción, dada la "complejidad de los hechos que se investigan".
Según ellos, tal situación se explica porque los ERE que restan por investigar se cuentan por decenas y, especialmente, porque cada delito investigado lleva a otro diferente, de ahí que la cifra de imputados alcance ya los 136, y creciendo.
Alaya, según ABC, se refería en un auto reciente al fin de la investigación que afecta a los cargos aforados y que previsiblemente enviará al Tribunal Supremo una vez la concluya tras recibir los informes de la Sierra Norte de la Guardia Civil, así como los de la Intervención General y la Dirección General de Seguros.
La urgencia de la investigación sindical
La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla urge a Alaya a que la investigación aclare los cobros de los sindicatos por su intermediación en todos los ERE, ya que por ahora sólo han sido imputados y detenidos dos dirigentes, Roberto Carmona (CC OO) y Salvador Mera (UGT). Para ello, pide a las centrales que detallen "factura a factura, contrato, personal empleado, trabajos realizados con duración, lugar y periodo" en los ERE, para cotejar estos datos con los que obtengan los investigadores desde los registros mercantiles y la Agencia Tributaria.
La fiscalía pide que se investiguen "de forma inmediata" a los sindicatos y se analicen todos los movimientos bancarios realizados por sus asesorías jurídicas, por si pudieran haber incurrido en blanqueo de capitales y las entidades bancarias hubieran informado al servicio antiblanqueo del Banco de España.
Anticorrupción requiere a CC OO que aporte toda la documentación que tenga de las pólizas de su exdirigente Juan Antonio Florido, al que la central ha defendido, para cotejarla con la acusación de la Guardia Civil asumida por la juez Alaya.
También se pide a Alaya que aclare los cargos contra Juan Manuel Casado, hermano del histórico de Comisiones Obreras, Francisco Casado, que ha sido citado para declarar ante ella como imputado. La Guardia Civil detuvo a Casado en la última operación policial y le encerró en calabozos durante dos días, pero abandonó el juzgado sin cargos.
Silencio sobre el caso por parte de los fiscales
A pesar de la importancia que cobra día tras día el escándalo de las facturas de UGT, sus aplicaciones de subvenciones públicas a sus gastos corrientes, sus irregularidades fiscales y el uso del dinero de la formación profesional, los fiscales de Sevilla, que conocen perfectamente que el caso ha sido encomendado a la juez Alaya, no dicen una palabra.