El Consejo de Gobierno presidido por José Antonio Griñán adoptó dos acuerdos en 2011 para destinar 125,75 millones de euros al pago de prejubilaciones -más los intereses- de extrabajadores en la factoría de Delphi Automotive System España SL a sabiendas de que algunos de ellos eran intrusos, según denunció el jueves el PP. Además, no llevaban el informe de Intervención, lo que niega la Junta de Andalucía.
Griñán dio orden de desbloquear los pagos a dos pólizas de seguros colectivas, financiadas con el fondo de los ERE, a pesar de los reparos que la interventora general de la Junta, Rocío Marcos, puso inicialmente a la tramitación de uno de los expedientes por importe de 60,95 millones aprobado el 7 de diciembre de 2011.
El PP hizo el jueves público un informe del órgano fiscalizador, fechado el 15 de noviembre de 2011, que detallaba un cúmulo de irregularidades que abarcan desde la "insuficiencia de crédito" o cobertura presupuestaria para realizar el desembolso, la indefinición del calendario de pagos y lagunas documentales, según concreta ABC.
Por ejemplo, no se adjuntaban la relación de asegurados ni el montante que debía sufragar la Junta. La Interventora se percató naturalmente de que cinco trabajadores que no cumplían los requisitos y que fueron incluidos en la póliza financiada por la Junta de Andalucía en la multinacional de Puerto Real (Cádiz). La Federación Estatal Minerometalúrgica de CCOO y la Federación Estatal del Metal, Construcciones y Afines de UGT figuran como tomadores de las pólizas.
Pero todas estas reservas legales fueron desactivadas dos semanas después con un segundo informe de conformidad firmado por la misma interventora que dejó la vía expedita al Consejo de Gobierno. Tras haberse interrumpido en enero de 2011 al conocerse el fraude de los ERE.
La interventora Rocío Marcos admitió la refinanciación encomendando a la agencia IDEA -que pagaba los ERE- la gestión de ambas pólizas a exextrabajadores de Delphi, de 60,95 millones y 64,8, poniendo condiciones expresas al exconsejero de Empleo Manuel Recio.
"Como complemento a la tramitación del expediente, deberá iniciar las actuaciones oportunas tendentes a reclamar la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por aquellas personas que, no obstante su vinculación durante su vida laboral con la empresa Delphi, se haya constatado por dicha Consejería que no cumplen con los requisitos", advirtió la interventora.
Sus reparos iniciales llegaron a la consejera de Hacienda hasta el pasado mayo y mano derecha de Griñán, Carmen Martínez Aguayo. Curiosamente, el informe en el que basó la denuncia el PP fue aportado al juzgado por el actual interventor delegado de Empleo, Juan Luque Alfonso, imputado en la causa.
Entre las irregularidades se encuentran la falta de expedientes de cada trabajador y la inclusión de siete personas que no deberían figurar en la lista de prejubilados, dos porque estaban en otras empresas y otras cinco personas que se consideran intrusos en los listados.
La extraña dimisión de Rocío Marcos
Rocío Marcos, interventora general de la Junta de Andalucía, dejó el puesto a petición propia en mayo de 2012, en plena investigación por el escándalo de los ERE fraudulentos, donde se estudia el papel que ejerció este órgano de fiscalización en el control de las ayudas concedidas con cargo al fondo de reptiles. Marcos accedió al cargo en abril de 2010.
Su sustituto fue el abogado Adolfo José García Fernández, que fue director de la Fundación Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda.
Rocío Marcos era una de las 23 personas que el PP quiso sin éxito que compareciera en la comisión de investigación del Parlamento andaluz para analizar las irregularidades cometidas en la gestión de fondos públicos de la Consejería de Empleo.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, trató de desligar el cese de la interventora general del asunto de los ERE diciendo que Marcos había fundamentado su renuncia en un "cúmulo de argumentos personales" y que desempeñaba su tarea con "especial satisfacción" por parte de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.