El pasado sábado 22 de marzo, miles de personas salieron a las calles de Madrid en las denominadas Marchas por la Dignidad para protestar contra las políticas del Gobierno. Conocida la radicalidad de algunos de los grupos convocantes y, gracias a informaciones policiales, la intención de algunos grupos antisistemas de aprovechar la oportunidad para generar importantes desórdenes públicos, las autoridades prepararon un amplio dispositivo de seguridad.
Treinta grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía, conocidos popularmente como antidisturbios, más otros cinco de reserva en el Complejo Policial de Moratalaz, sede de esta unidad, estaban preparados para mantener la seguridad en la zona centro de la capital. En total, 1.750 policías antidisturbios.
La toma de decisiones en estas ocasiones se toman desde el Centro de Coordinación Operativa (CECOR), un centro que tiene como finalidad procurar la organización y coordinación del funcionamiento de los servicios públicos de orden y seguridad en el momento en el que es necesario a causa de un incidente, situación o emergencia que afecte directamente a la seguridad de las personas, a su bienes o a sus derechos.
En el caso de la Comunidad de Madrid, esta instalación se encuentra ubicada en las instalaciones de la Delegación del Gobierno en Madrid, en la calle Miguel Ángel de la capital. Blindado de cualquier problema externo que pueda impedir su funcionamiento, como cortes de luz, allí llega toda la información en tiempo real sobre la situación que ha provocado la supuesta crisis, las dotaciones de personal, los medios técnicos y mecánicos, y todos los recursos disponibles y movilizables para afrontarla.
A través de videoconferencia, de manera permanente, el CECOR está comunicado con la Sala de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, desde la que también en tiempo real se dan instrucciones a la Policía Local de Madrid, los servicios de emergencia sanitaria (SAMUR), y los servicios de transporte, como Metro o las líneas de la EMT, entre otros.
El pasado sábado, en el Centro de Coordinación Operativa se encontraba la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Junto a ella, según confirmaron fuentes policiales a Libertad Digital, estuvieron el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que a lo largo de la noche también estuvo en la Sala de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y en el hospital de campaña en el que se atendió a los agentes heridos; y el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino. En algunas ocasiones, es normal que asista si así lo desea el Comisario General de Seguridad Ciudadana, que actualmente es Florentino Villabona, cuya presencia en la noche del sábado no pudo ser confirmada por este diario.
Las mismas fuentes consultadas explicaron que, según la ley, la máxima responsable del CECOR en todo momento es la delegada del Gobierno, aunque no fueron capaces de explicar qué pasaría en el caso de que, por ejemplo, ésta y el director general de la Policía tuvieran serias diferencias sobre un procedimiento, es decir, qué capacidad tendría o no el máximo responsable de la policía de imponer legalmente su parecer sobre el de la delegada del Gobierno.
Según indicaron, asimismo, las decisiones puramente operativas son tomadas por los mandos policiales, aunque tampoco pudieron precisar a qué nivel se toman durante disturbios urbanos como los del pasado sábado. Es decir, si todas las decisiones operativas se toman por parte de los mandos que se encuentran a pie de calle, en este caso, el Jefe de las UIP a nivel nacional, José Miguel Ruiz Iguzquiza, y el Jefe de la UIP de Madrid, Francisco Javier Virseda Serna; o si intervinieron en esa toma de decisiones otros mando policiales como el Jefe Superior de Policía de Madrid o el Director Adjunto Operativo.