Ya hay informe final de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre la Operación EDU y el primer expediente analizado. En sus conclusiones, y al igual que la Guardia Civil en el caso ERE y otros, se apunta a la responsabilidad de altos cargos de la Junta de Andalucía en las irregularidades detectadas en los cursos de formación para parados, que fue entregado ayer al fiscal jefe de Málaga.
Esta primera fase de la investigación, adelantada en su día por Libertad Digital y limitada al reparto de 1,72 millones de euros en la provincia de Málaga durante 2010, concluye que no había control alguno por parte de los órganos responsables cuya misión era esa. Sobre todo, el Servicio Andaluz de Empleo.
Además, han encontrado indicios que muestran que algunas de las adjudicaciones fueron realizadas a dedo por altos cargos a empresas que no cumplían las condiciones exigidas por la Ley.
Es más, recoge ABC que la Junta había detectado las anomalías hace tiempo porque parece ser que los ceses producidos en los responsables provinciales de estos servicios así parece indicarlo.
Como anticipó Libertad Digital, la UDEF ha encontrado graves irregularidades en 17 de la veintena de empresas que recibieron fondos, esto es, el 80 por ciento de los casos, lo cual parece un porcentaje elevadísimo. Más bien parece la irregularidad la norma y no la excepción.
Las empresas y entidades en las que se han encontrado irregularidades son A.F. Salamar Hostelería SL, Academia Nena-Sol, Actuaciones Formativas, la Asociación de Empresarios y Profesionales de la Comarca del Valle Guadalhorce, la Asociación Axarquía de Formación y Empleo, Carpintería Vázquez Claver L, Centro de Formación Gasset SL, Centro de Formación Profesional Feijo SL, Formación e Inserción Málaga, Formación Hostelera del Sur, Grupo Alce Formación SL, Jobesa SC, Master Ronda SC, Proyecto Puerta Blanca SL y Yomaluig SL, además de dos autónomos, María Luz V.S. y Miguel Ángel R.R.