Tal día como hoy, 18 de septiembre, pero de 2013, Libertad Digital contaba en su portada que el polémico reportaje emitido por la televisión pública catalana sobre la cadena humana por la independencia vulneraba lo dispuesto en la propia ley de Cataluña de protección al menor. En el reportaje emitido por el canal infantil "Super3", aparecían niños profiriendo consignas independentistas: "Si lo queremos tantos catalanes, al final España se rendirá y podremos tener la independencia".
La Ley 14/2010 de los derechos y las oportunidades de la infancia y la adolescencia, prohíbe expresamente la utilización de menores para la emisión de mensajes contrarios a la Constitución y al Estatuto de Cataluña. El artículo 157 de la ley calificaba de infracción "ofrecer, vender, alquilar, difundir por cualquier medio a los niños o adolescentes, o hacer exposición pública de contenidos que les sean perjudiciales, o que inciten a tener actitudes o conductas que vulneran los derechos y los principios reconocidos en la Constitución o en el Estatuto de Autonomía".
Desde Ciudadanos pidieron a la Fiscalía que actuara de oficio y analizara si se había vulnerado la Ley del menor: "Tenemos que frenar esta locura de manipulación y propaganda". Y reclamó al Consejo Audiovisual de Cataluña que actuara de oficio para analizar si los medios públicos catalanas vulneran la pluralidad informativa. Según Jordi Cañas, "es imposible caer más bajo".
El PP se mostró escandalizado por la utilización de menores para avanzar hacia la ruptura en Cataluña. El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, aseguró que "hay límites que no debemos traspasar". Además de la censura, argumentó que los jóvenes tienen que quedar lejos "de este tipo de polémicas", por lo que demandó a TV3 un compromiso de que tales contenidos no se volverían a repetir.
La polémica llegó a Bruselas. Allí el eurodiputado del PP Santiago Fisas denunció ante la Comisión Europea la "utilización de menores de edad con fines políticos". En su pregunta dirigida a la Comisión, enumeró algunas de las "auténticas barbaridades" emitidas por la televisión pública de la Generalidad en "horario infantil" y le pidió a Bruselas que se pronunciara sobre si el programa vulneró los derechos de los menores.