Aumenta la batería de querellas. La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que investigue a Neus Lloveras. Es la presidenta de la Asociación de Municipios Independentistas que redactó el compromiso con la organización del referéndum ilegal del 1-O y la cesión de locales firmado a la postre por los 712 alcaldes a los que interrogará el Ministerio Público. En el escrito, la acusación reclama a la Justicia que ordene a los Ayuntamientos la retirada de propaganda a favor de la votación y las consignas separatistas.
La querella se dirige también contra Miquel Buch i Moya, presidente de la Asociación Catalana de Municipios. Recoge nuevas peticiones como el cierre de dos páginas webs http://municipsindependencia.cat y http:/www.acm.cat, puesto que la Fiscalía entiende que están dando cobertura legal y apariencia de normalidad al 1-O: "No sólo es contrario al ordenamiento jurídico, sino que vulnera frontalmente los mandatos del Tribunal Constitucional".
El Ministerio Público solicita la imposición de fianzas para Carles Puigdemont y su Gobierno autonómico, investigados por desobediencia, prevaricación y malversación, procediéndose en caso de no ser depositadas "al embargo de los bienes en la cuantía que se fije". Esta querella atribuye a Lloveras y Buch los mismos presuntos delitos citados anteriormente. Considera que ambos han realizado "actos inequívocos de promoción y organización" del 1-O, sobre todo en relación a la cesión de locales que permita el desarrollo de la votación.
Según la Fiscalía, "con estas conductas, los querellados, como responsables públicos municipales y como máximos responsables de sus asociaciones, han puesto de manifiesto su total desprecio a los pronunciamientos del TC". A la vista de las actuaciones, el Ministerio Público acredita que están utilizando las plataformas de AMI y ACM para que centenares de alcaldes promuevan el referéndum ilegal, reuniendo "una pluralidad de recursos personales y una cantidad relevante de recursos materiales, con una clara finalidad delictiva".
Los dos querellados son miembros de la antigua Convergencia. Neus Lloveras es la actual alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y Miquel Buch es el regidor de Premià de Mar, ambos municipios de Barcelona. El texto del Ministerio Público insta de nuevo a la Guardia Civil, los Mossos y Policía Nacional a que adopten las medidas necesarias para evitar el referéndum, requisando urnas, sobres, manuales, impresos y carteles de fomento de la participación y a favor del sí.
Más querellas
Si todo transcurre conforme lo previsto, la Fiscalía se querellará también contra los miembros de la denominada Sindicatura Electoral de Cataluña. Son cinco miembros elegidos por Juntos por el Sí y la CUP en una votación que se produjo en la sesión del Parlamento catalán donde se ausentaron los grupos de la oposición constitucionalista –salvo Podemos– mientras perpetraban el golpe a la democracia: Marc Marsal, miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat; Jordi Matas, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la UB; la abogada Marta Alsina; Tània Verge, profesora de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF; y Josep Pagès, profesor de Derecho Constitucional de la UAB.
Sus funciones son las propias de una Junta Electoral; básicamente, velar por la transparencia y el correcto desarrollo de una votación, en este caso del 1-O. El Tribunal Constitucional abrió este miércoles un plazo de 48 horas para que informen sobre las medidas adoptadas en pos del cumplimiento de la suspensión del referéndum ilegal. Procederá después contra los cinco.