La sede del Ministerio del Interior ha sido en la mañana de este lunes el escenario de la primera reunión de trabajo entre el máximo responsable del departamento, Juan Ignacio Zoido, y el nuevo jefe de los Mossos d´Esquadra, Ferrán López, después de que el Gobierno central aplicase el artículo 155 de la Constitución y cesase el sábado al mayor Josep Lluis Trapero, máximo responsable operativo del cuerpo.
En el encuentro, que se ha prolongado durante algo más de una hora, también han estado presentes el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto; el secretario general técnico de Interior, Juan Antonio Puigserver, quien se ha hecho cargo de la Secretaría General del Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña; y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.
López ha explicado a los mandos de Interior las primeras medidas que piensa tomar en el seno de los Mossos d´Esquadra para el mantenimiento de la "seguridad y la libertad" en la comunidad autónoma, después de que la actuación de la Policía catalana haya sido puesta en entredicho en el último mes y el propio Ministerio de Interior tenga un importante número de agentes fichados por su inacción durante el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.
Precisamente, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, preocupa la actitud que puedan tener el amplio número de mandos y agentes independentistas que hay en el seno del cuerpo catalán y que podría dificultar las tareas del nuevo responsable de los Mossos d´Esquadra. Todo dependerá de si éstos optan por mantenerse en la legalidad y cumplen con las nuevas órdenes de su superior o si, por el contrario, desoyen las mismas.
El Ministerio del Interior ha informado de que Zoido ha trasladado a Ferran López que "tanto su deseo como su obligación" es que consiga que las próximas elecciones autonómicas del 21 de diciembre se desarrollen "en un clima de absoluta convivencia ciudadana y de respeto a nuestro Estado de Derecho" y que "todas" sus actuaciones "han de ir encaminadas a restablecer la legalidad con el escrupuloso cumplimiento" de la Constitución y el Estatuto.