Unas pocas personas esperaban este martes a Artur Mas a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El expresidente de la Generalidad, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Enseñanza, Irene Rigau, afrontaron la segunda jornada del juicio por la celebración del referéndum del 9 de noviembre de 2014 sin el apoyo de miles de electos nacionalistas, altos cargos, liberados de la ANC y voluntarios a tiempo completo de las organizaciones separatistas.
El frente procesista comenzaba a asimilar la naturaleza de la estrategia de la defensa de los acusados y un cierto pinchazo en la concentración del lunes. No hubo tanta gente como habían previsto. Este martes era el turno de los testigos designados por la fiscalía y la defensa. Mas y sus exsubordinadas debían asistir a una jornada de mañana y tarde en el TSJC como espectadores pasivos de las declaraciones y con el fiscal Emilio Sánchez Ulled en acción.
La sesión matinal fue un desastre para los intereses de los defensores de los acusados. Los inspectores de Enseñanza de la Generalidad Josep Alsina y José Rull describieron con precisión forense las presiones de altos cargos del departamento de Enseñanza, dirigido entonces por Irene Rigau, a los directores de instituto para que reclutaran voluntarios o, en caso contrario, entregaran las llaves de sus centros a la consejería sin mediar orden por escrito.
Presiones de altos cargos
Alsina diseccionó perfectamente el procedimiento y la implicación de la consejería de Enseñanza en la organización del 9-N incluso después de la orden del Tribunal Constitucional (TC) del 4 de noviembre, en la que se prohibía la consulta que se finalmente se llevaría a cabo en los centros de titularidad de la Generalidad, con ordenadores de la Generalidad, funcionarios de la Generalidad, técnicos contratados por la Generalidad y unos "voluntarios" que en muchos casos eran funcionarios de rango de la Generalidad.
El testimonio de la única directora de instituto de Cataluña que se negó a abrir el centro para la votación ilegal, Dolores Agenjo, responsable del IES Pedraforca del Hospitalet de Llobregat, fue especialmente ilustrativo. Hasta cinco veces la llamó la responsable del departamento territorial de "Ensenyament" de las "comarcas de Barcelona", Montserrat Llobet, para exigirle las llaves del edificio. Agenjo no cedió porque no recibió la orden por escrito y por advertir a Llobet que si tal orden se producía entregaría las llaves pero trasladaría el documento probatorio a la alta inspección del Ministerio de Educación y a la Delegación de Gobierno.
Cabe reseñar que, a preguntas del fiscal, Agenjo advirtió al tribunal de que pocos días antes de comenzar las presiones para preparar el referéndum del 9-N y antes de la reunión de Llobet con todos los directores de instituto de la provincia de Barcelona había solicitado su jubilación. No es el caso de Josefa Bosch, directora de un instituto de Badalona que aún ejerce como tal y que afirmó no haber recibido presiones.
El rastro digital
Por la tarde fue el turno de Joan Cañada, el responsable de la organización del referéndum, cargo de confianza de la exvicepresidenta y titular del departamento de Gobernación, Joana Ortega. Cañada demostró una memoria muy débil y contó con la colaboración del presidente de la sala, Jesús Barrientos, empeñado en aparentar imparcialidad e impedir que el fiscal atornillara al exdirigente de Unió del sector "soberanista". Cañada, tras el referéndum, se jactó de su trabajo en numerosas conferencias organizadas por el frente separatista. Este martes, en cambio, dijo que a partir del 4 de noviembre del 14, fecha de la última orden del TC, se desvinculó del "proceso participativo".
La prueba de la web
Los testigos que vinieron después desacreditaron esa versión. Muy perjudiciales para los acusados fueron las respuestas de Jordi Escalé, ex director general del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Generalidad (CTTI), que acabó por reconocer que no recibió ninguna orden de sus superiores para cancelar la página web de la Generalidad del "proceso participativo" anulado por el Constitucional.
Escalé intentó parapetarse en que en su negociado había "voluntarios" y que en fecha previa al 9-N se registró un ataque informático masivo contra los servidores de la Generalidad. Pero dijo que no recibió ninguna orden para desactivar la página en la que se registraban los voluntarios, en la que se asignaban las mesas electorales y en la que finalmente se registraron los nombres de los votantes y el resultado de referéndum. "Al CTTI no se le dio orden por parte de la Generalidad de eliminar la página", declaró Escalé. ¿Cuánto se habría tardado en eliminar la página?, preguntó el fiscal. "Horas", concedió el ex alto cargo de la Generalidad, ahora en el sector privado.
La versión de los contratistas
Los testigos de las empresas contratadas por la Generalidad corroboraron las tesis de la fiscalía. Siguieron trabajando en el 9-N tras el último requerimiento del TC, recibiendo instrucciones de sus clientes oficiales e incluso uno de los representantes de T-Systems afirmó que se le pidió por parte de la Generalidad que dieran apoyo técnico presencial a los "voluntarios" el 9 de noviembre. La estrategia de la defensa sobre la irresponsabilidad de los encausados a partir del 4 de noviembre quedó totalmente desmantelada.
Jaume Palau, director general de Cedemon, la empresa que se encargó de los dominios de la Generalidad para el proceso, reconoció que la web de participación de la administración autonómica se podía haber eliminado por completo en dos días.
Bernat Rigau, responsable de contratación de T-Systems, declaró que su empresa envió una carta al CTTI preguntando si el trabajo encargado estaba afectado por la resolución del TC y se les respondió que "no". El representante de la compañía Fujitsu, José Antonio Hermosilla, último testigo del día, corroboró a la Fiscalía y admitió que la Generalidad no se desentendió del referéndum a partir de la orden del TC sino que continuó al frente del operativo
Ataque de la CUP a Mas
Dadas las circunstancias, la CUP convocó una rueda de prensa para despotricar contra la estrategia de las defensas de Mas, Ortega y Rigau. Las pruebas son de tal calado que el diputado de la CUP Albert Botrán censuró que la estrategia de Mas se funde en la "brecha legal" de la pasividad del TC y el Gobierno frente al 9-N.
En opinión de los cuperos, se trata de un "juicio político" por lo que la defensa debería adquirir ese tono en vez de intentar exculpar a sus representados de toda responsabilidad judicial con argumentos jurídicos. Según la CUP, la actitud de los abogados defensores del trío encausado no anima precisamente a la celebración del próximo referéndum, previsto para la segunda quincena de septiembre como muy tarde.
Más comparecencias políticas
Este miércoles están previstas las comparecencias de Francesc Homs, exportavoz de la Generalidad e imputado por el mismo caso en el Tribunal Supremo dada su actual condición de diputado en el Congreso, Nuria de Gispert, expresidenta del Parlament, Carles Viver Pi-Sunyer, exmagistrado del TC e ideólogo jurídico del proceso separatista, Joan Rigol, presidente del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, el exalcalde convergente de Barcelona Xavier Trias y el presidente de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Miquel Buch, entre otros.
Las miradas se centrarán en Homs, De Gispert, Rigol y Trias, pero Buch, alcalde de Premiá de Mar, puede deparar grandes sorpresas en su deposición. Todos ellos tienen la condición de testigos, por lo que a diferencia de los acusados deberán someterse a las preguntas del fiscal. Buch es uno de los valores en alza del separatismo, un alcalde enérgico al que no le tiembla la mano a la hora de pedir purgas en los medios públicos de Cataluña si no se considera bien tratado y que ha declarado que no le importaría ir a la cárcel por el 9-N. Los antecedentes de Buch y su carácter explosivo auguran una testifical movida.