Tres de las cinco personas detenidas ayer junto a la sede de las Cortes Valencianas tienen antecedentes penales por robo con fuerza, delito contra la seguridad vial y resistencia y desórdenes a los agentes, y un tercero por atentado y desórdenes públicos y estancia ilegal en España.
Así lo ha señalado hoy en rueda de prensa la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ana Botella, quien ha insistido en que ayer no hubo "carga policial ni desalojo, sino una respuesta a agresiones directas de personas concretas" contra agentes policiales, ocho de los cuales resultaron heridos.
Botella ha reivindicado que la actitud de la Delegación del Gobierno con el Movimiento 15-M ha sido "en todo momento intachable, respetuosa e interpretando con la mayor flexibilidad los derechos de reunión y manifestación". Botella ha destacado que lo que ocurrió ayer fueron agresiones a agentes que fueron respondidas por éstos "en su legítima defensa".
Botella ha considerado hoy que el Movimiento 15-M debería "recomponer" su posición y evitar que "elementos radicales, antisistema y mucho más beligerantes se apoderen" de un movimiento social caracterizado en su origen por actitudes pacíficas.
La delegada ha criticado la "irresponsabilidad" exhibida ayer por algunos representantes políticos de distinto signo que intentan instrumentalizar el movimiento en su beneficio, amparando comportamientos "violentos, amenazadores y contra institucionales", con la "voracidad de extraer rédito político inmediato".
Para la constitución de los ayuntamientos de mañana, ha señalado que el dispositivo será el que la Policía Nacional y la Guardia Civil "considere para garantizar la normalidad del acceso" y que la democracia "siga su curso" y no se interfiera en el "normal desarrollo" de esa constitución.
Botella ha resaltado, además, que "llama la atención" que el foco de ayer, cuando se pretendía denunciar la corrupción" y había imputados en cargos electos que estaban tomando posesión, quedara fuera de plano.