Durante su declaración en el banquillo de los acusados este martes por abrir una causa general a la Guerra Civil y el franquismo, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha mantenido la competencia del juzgado de Instrucción Número 5 -del que es titular pese a estar suspendido de sus funciones- para investigar estos hechos.
El magistrado, que se ha tenido que despojar de la toga y las puñetas para declarar como imputado, ha subrayado que él tenía la "obligación" de abrir un procedimiento penal atendiendo a las peticiones de las víctimas en su juzgado y que "hizo lo que creía que tenía que hacer sin atender a ideologías".
"Los jueces no estamos para ideologías. Cada uno tendrá la suya pero aquí no había ideologías; había cientos de miles y miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos", espetó Garzón.
Por otro lado, el acusado ha negado que se saltara la Ley de Amnistía del año 1977 cuando trató de investigar los crímenes de la Guerra Civil y ha justificado su decisión porque los delitos que investigaba –delitos contra altos organismo de la Nación y contra la Constitución- eran delitos "permanentes". Se trataban de "crímenes contra la humanidad" que se siguen produciendo en el tiempo y que no tienen "carácter político", señaló el juez. "Por lo tanto no era necesario ni siquiera aplicar o hacer referencia a la Ley de Amnistía", añadió.
A lo largo del interrogatorio, donde Baltasar Garzón sólo ha contestado a las preguntas de las partes que solicitan su absolución –el Ministerio Fiscal representado por Luis Navajas y su defensa, ejercida por el letrado Gonzalo Martínez Fresneda-, el acusado mencionó como jurisprudencia los juicios de Núremberg contra los nazis.
A preguntas de la defensa, Garzón expuso que el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional "estaba o sigue tramitando" unos hechos ocurridos entre 1942 y 1944 en campos de concentración presuntamente cometidos por "criminales de guerra nazis", a petición del Ministerio Fiscal.
El certificado de Franco, necesario
En cualquier caso, ha subrayado que los hechos tienen un contenido "prácticamente idéntico", refiriéndose a un "plan sistemático de eliminación de miles de personas, de ocultamiento de cadáveres o de ejecuciones extrajudiciales".
Sobre otra de las cuestiones más polémicas de su investigación, la petición del certificado de defunción de Francisco Franco y otros líderes del régimen, Baltasar Garzón dijo que fue la única forma "legal y formal" de certificar su fallecimiento. El magistrado recalcó que no existían tales alternativas porque el acta es la que produce consecuencias jurídicas "más allá de la chanza" que pudiera causar su decisión.
Al ser preguntado por el hecho de que rechazara la querella por los asesinatos de Paracuellos del Jarama durante la Guerra Civil, el juez dijo que en este caso no había delito contra altos organismos de la Nación y que él remitió las peticiones que recibió a los juzgados de esa localidad que eran los órganos a los que correspondía decidir si investigaba o no esta matanza. "Se puede compartir o no, pero está perfectamente razonado y explicado", ha recalcado.
Asimismo, durante su discurso, Baltasar Garzón ha afirmado que en los años en los que recibió las denuncias, antes de decidir sobre su competencia, no llegó a practicar ninguna diligencia. En concreto, el magistrado ha recalcado que no accedió "expresamente" a ninguna exhumación hasta que no quedara acreditada la competencia aunque los denunciantes se lo pidieron. Durante este período de tiempo antes de dictar su polémico auto donde decidió abrir un proceso penal contra los miembros del alzamiento en 1936, el acusado ha recordado que contó con la "aquiescencia" del Ministerio Fiscal que no se opuso a ninguna de sus providencias.
No obstante, Garzón también ha tenido duras palabras para esta institución que se opuso de forma férrea y reiterada a la investigación abierta por el juez y que ahora solicita su absolución.
No se anula la causa
Previamente, la sala de siete magistrados del Tribunal Supremo, presidida por Carlos Granados, rechazaba la petición del juez estrella de anular el procedimiento y dar cerrojazo así al juicio al considerar que las cuestiones planteadas por Garzón "no tienen suficiente entidad" como para llevar a la anulación del procedimiento penal.
Esta parte solicitó la anulación de todo el procedimiento por ser aplicable a este caso la denominada "doctrina Botín", que establece que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa si la Fiscalía no presenta acusación alguna.
En este procedimiento, Baltasar Garzón se enfrenta a una pena de 20 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación cuando trató de enjuiciar el franquismo. Un día más, a las puertas del tribunal decenas de simpatizantes del juez se han concentrado durante toda la mañana en señal de apoyo al acusado y corean gritos como "Garzón, amigo el pueblo está contigo" o "Tribunal Supremo, vergüenza Nacional".