L D (Agencias) El día 30 de marzo la Fiscalía Anticorrupción volvía a contestar a Baltasar Garzón que los indicios contra Luis Bárcenas y Gerardo Galeote no eran suficientes como para comprometer el interés del Tribunal Supremo en el caso Cacería y le pedía claramente que soltara de una vez el caso a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia.
En su dictamen, la Fiscalía decía a Garzón que, no obstante, si tras remitirlo a dichas instancias pudiera probar indicios contra aforados nacionales se lo hiciera saber al propio TSJM para que éste valorara si procede elevarlo al Supremo como pretende insistentemente Garzón. Veinticuatro horas después, el juez ha remitido esos datos. Para ello, se ha servido de nuevos informes de la UDEF, unidad policial de la que es superior jerárquico el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio García, precisamente el policía que se unió a la cena posterior a la cacería que celebraron en Torres (Jaén) el propio Garzón y el entonces ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo.
Sobre la solidez de las pruebas que en un día han llegado como respuesta a la Fiscalía tendrá que pronunciarse el TSJM pero sorprende encontrar, por ejemplo, que cuando se refiere a Gerardo Galeote Quecedo comienza diciendo Garzón que "podría haber estado vinculado con la trama de empresas investigadas, según los datos aportados por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)". Esta suposición no le impide al juez citar incluso a su esposa en el auto.
Cobros millonarios
Según informa Europa Press, Garzón ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid los indicios que obran en el caso Cacería de la implicación del senador del PP Luis Bárcenas y del eurodiputado de este partido Gerardo Galeote. En el caso de Bárcenas, Garzón cifra en 1.353.000 euros la cantidad posiblemente percibida a través de la supuesta trama de corrupción liderada por Francisco Correa, mientras que de Galeote dice que podría haber percibido "directa o indirectamente" 652.310 euros.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó este martes aceptar la inhibición planteada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la investigación de la presunta trama de corrupción destapada en la 'Operación Gürtel', al encontrar indicios de que tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid --Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch-- podrían haber cometido cohecho y tráfico de influencias.
En un auto notificado este martes, del que ha sido ponente el propio presidente del TSJM, Javier Vieira Morante, se pide al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que "cese en cualquier actividad instructora" en el momento en el que se le comunique esta decisión, y que le remita la "totalidad" de las actuaciones realizadas hasta el momento.
Esta petición se realiza sin perjuicio de lo que diga en su día el Tribunal Superior de Valencia, en favor del cual se inhibió Garzón respecto de los indicios encontrados contra el presidente de dicha comunidad, Francisco Camps y del secretario general del PP de Valencia y diputado en dicha comunidad, Ricardo Costa. En el caso de que el alto tribunal valenciano aceptara su competencia, "podría producirse una concurrencia con esta Sala", señala el TSJM, "cuya resolución debe anticiparse cuanto antes".