LD (Agencias) El Ministerio de Industria informó este jueves de que le había comunicado al Canal la incoación de expediente sancionador por la utilización de frecuencias e instalaciones de estaciones radioeléctricas para emitir sin autorización la señal de laOtra. También le comunicó la orden de "cese inmediato" de las emisiones y, en su caso, el precintado de los equipos en virtud de lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones. (Ampliación)
La decisión de emitir en pruebas el segundo canal de Telemadrid en analógico y sin autorización del Ministerio de Industria fue anunciada el jueves por el director general de Radio Televisión Madrid (RTVM), Manuel Soriano. Dichas emisiones, comprobadas por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Madrid, se estarían llevando a cabo desde las instalaciones del Canal de Isabel II situadas en la avenida de García Noblejas.
La decisión de emitir en pruebas el segundo canal de Telemadrid en analógico y sin autorización del Ministerio de Industria fue anunciada el jueves por el director general de Radio Televisión Madrid (RTVM), Manuel Soriano. Dichas emisiones, comprobadas por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Madrid, se estarían llevando a cabo desde las instalaciones del Canal de Isabel II situadas en la avenida de García Noblejas.
Beteta: "los madrileños tenemos derecho a este canal"
El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Antonio Beteta, expresó hoy su respaldo al Gobierno regional en su decisión de emitir en tecnología analógica el segundo canal de Telemadrid, denominado La Otra, al considerar que "está claro que los madrileños tenemos derecho a este canal, y está claro que la obligación del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de los poderes públicos es hacer lo que esté en su mano para llevar a cabo esta actuación".
Beteta, que coincidió con la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en que "es muy difícil para los socialistas madrileños defender los intereses de la Comunidad y los intereses del Gobierno de la Nación al mismo tiempo", destacó que la Administración autonómica "llevaba diez meses pidiendo la oportuna licencia" al Ministerio de Industria y que fue contestada con "un silencio administrativo clamoroso".