(Libertad Digital) El PP se mueve entre la cautela y la crítica al Gobierno en su respuesta al polémico auto de Baltasar Garzón en el que imputa a tres funcionarios policiales que informaron de un vínculo entre ETA y la trama del 11-M por un supuesto delito de falsificación, a pesar de que fueron ellos las víctimas de una falsificación de su trabajo, supuestamente practicada por sus superiores, y de que el juez Garzón no tiene competencias, al haber sido derivado el caso por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a un juzgado de la jurisdicción ordinaria de Madrid.
El portavoz de Justicia e Interior del PP, Ignacio Astarloa, propuso "cautela" ante el auto del juez Garzón, mientras el Gobierno y el PSOE, en la misma línea, han invocado el retórico "respeto a las decisiones judiciales".
La ofensiva administrativa, judicial y mediática contra los tres expertos que se atrevieron a exponer indicios racionales de una posible conexión de ETA y el 11-M no progresa con el mismo respeto a las formas. Los dos diarios más comprometidos con la versión del Gobierno sobre los atentados del 11-M, ABC y El País, corean al unísono el juicio paralelo a los tres funcionarios policiales: "Falsearon el documento", sentencian, tras el polémico auto del juez de la Audiencia Nacional.
Para Ignacio Astarloa, la campaña coordinada de los dos diarios, el juez estrella y el Gobierno merece seguir el principio de "la máxima cautela", dijo este sábado el portavoz popular a la COPE.
Así y todo, el PP concede que el auto que convierte en culpables a las víctimas de una falisificación le ha causado "sopresa" porque "a lo largo de la semana la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolvió que la competencia era de los Juzgados de Plaza de Castilla y ayer [por este viernes) nos encontramos con la sorpresa de un pronunciamiento del juez instructor de la Audiencia Nacional al que sus superiores han declarado que no es competente" para este caso, lo que lleva a Astarloa a concluir que todo entra "dentro de la dinámica de la Fiscalía de crear un enredo del falsificador falsificado".
Del Burgo: un "espectáculo bochornoso"
El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Jaime Ignacio del Burgo, ha acusado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de "servir al Gobierno" después del auto que hizo público ayer, en el que imputa un delito de falsedad en documento público a los tres peritos que relacionaban a ETA con los atentados del 11-M.
En declaraciones a COPE, Del Burgo tachó de "espectáculo bochornoso" la acción emprendida por Garzón contra los tres peritos, cuando "encima el delito de falsedad documental no es competencia de la Audiencia Nacional".
Asimismo, el diputado de UPN consideró que la Audiencia Nacional "se ha politizado", y, en concreto, dijo que "la política ha ocupado el despacho del juez Garzón", pues, en su caso, "parece que el juez está prestando un servicio al Gobierno".
Añadió que ya son "demasiadas las casualidades que quiere el Gobierno que crean los ciudadanos", por lo que pidió al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "que abra las puertas de su Ministerio, que está en llamas, y se deje de tanta opacidad y ocultación".
Del Burgo concluyó diciendo que desde UPN buscan "saber la verdad" y que, por lo tanto, seguirán "utilizando las armas del reglamento del Congreso y preguntando a Rubalcaba sobre aspectos del 11 de marzo que van en contra de la tesis oficial".