Pocos temas interesan más a la opinión pública y a la clase política francesa que la evolución de lo que algunos denominan “la cuestión vasca”.
Sobran razones: en primer lugar, una parte de esta batalla se jugó en el pasado y se sigue jugando actualmente sobre territorio francés. La plana mayor de ETA, sus principales dirigentes estaban –y probablemente siguen estando- en el Hexágono, como se demostró hace unos días con la detención de “Iñaki de Rentería” y del llamado “aparato logístico” de la organización. Todo indica que el aparato operacional se mantiene en territorio francés. Pero la impunidad de que antaño gozaban se ha terminado.
El gobierno de Paris teme, desde luego, el “efecto dominó” sobre los Departamentos colindantes con el país vasco español. Allí, la actuación de los violentos locales (Iparretarrak y otros grupúsculos) es poco significativa, como lo es el nacionalismo vasco, testimonial en algunos enclaves de Pirineos Atlánticos.
Pero en un momento de especial sensibilización hacia los “nacionalismos periféricos” (especialmente el corso pero también el bretón) la preocupación es creciente.
La colaboración antiterrorista hispano-francesa funciona a satisfacción de ambas partes y eso se demuestra casi a diario. No menos de 200 agentes españoles (guardia civil, policía y CESID) están instalados permanente o temporalmente en Francia. Su trabajo coordinado con la policía, gendarmería e “inteligencia” francesa está dando resultados desde que Felipe González y Mitterrand alcanzaron un acuerdo que hoy podría calificarse de “histórico”.
Los relevos y mutaciones en los ministerios del Interior de ambos países para nada afectaron en los últimos diez años a la operatividad y eficiencia de la cooperación. La dimisión de Jean-Pierre Chevenement no afectó al buen entendimiento con España. Su sucesor ha mantenido la misma línea de comunicación permanente con Mayor Oreja.
La coyuntura política para nada afectó, ni seguramente afectará, a la colaboración entre las policías y los servicios de inteligencia de ambos países (de esta colaboración apenas se habla y mejor es así) lo que sin duda garantiza que cualquier cambio en la tendencia del Ejecutivo en uno o en otro país podrá procesarse sin que afecte a la efectividad de esta colaboración.
Las diferencias entre Jospin y Aznar sobre la construcción europea, por ejemplo, no han influido sobre la coordinación antiterrorista y esto constituye una buena noticia.
En principio, las cosas deberían seguir así. Aunque, en el futuro a medio plazo, Chirac –cuya estrella empalidece en estos momentos- no siga en el Elíseo y le sustituya Jospin, algo perfectamente probable.
La cooperación antiterrorista hispano-francesa se ha convertido curiosamente en una prueba de continuidad para la política exterior española. Y en un éxito indudable que conviene reseñar precisamente cuando nuestra diplomacia experimenta altos y bajos en sus zonas de mayor interés e influencia.
Han concluido los “pactos de familia” (socialista) y hemos entrado en una etapa más racional y operativa sin afinidades electivas de los gobiernos de Madrid y Paris.
En principio, la fortaleza de esta cooperación debería estar al socaire de las coyunturas políticas e incluso económicas. España no “paga” ya a Francia sus “favores” policiales. El siempre ocurrente Arzallus lo insinuaba tras las detenciones recientes en un rapto de cólera muy explicable.
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