Hay que ponerle puntos positivos por agilidad mental. El "acomodo" de la píldora anticonceptiva por parte del presidente Obama fue tan fructífero a nivel político como insignificante a nivel moral. No fue sino un numerito de contabilidad creativa que sigue obligando a las instituciones católicas (y a las demás instituciones religiosas) a prestar una cobertura sanitaria que engloba el control de la natalidad, la ligadura de trompas y los abortivos del día después -cosas todas que vulneran la doctrina de la fe de la Iglesia en materia del carácter sagrado de la vida-.
El truco reside en que estos servicios abortivos / prestaciones ginecológicas se van a cubrir presuntamente de forma independiente y gratuita por parte de la aseguradora de la institución religiosa. Pero esto no altera en ningún sentido el cómputo moral. El centro hospitalario Holy Cross Hospital, por ejemplo, seguirá estando obligado por ley a negociar con una aseguradora que está obligada por ley a brindar estos servicios prohibidos por la doctrina de la fe a toda la plantilla del Holy Cross.
Sin embargo, el artificio de la transparencia funcionó a nivel político. Sólo hizo falta un puñado de grupos católicos obedientes -fanáticos del Obamacare que se mueren por volver como colectivo tras una ausencia- para elogiar el presunto compromiso y servir a Obama una importante victoria política.
Antes, la coalición de Obama venía estando dividida. Su legislación del control de la natalidad fue ferozmente combatida por incondicionales tales como el ex gobernador de Virginia Tim Kaine o el pastor Rick Warren (elección de Obama para pronunciar la introducción de su discurso de investidura), que anunciaron que irían a la cárcel antes que respetar la regulación. Tras "el acomodo", fue la oposición (en su mayoría) católica la que se dividió. Los medios convencionales trataron entonces el compromiso como algo sustancial, y la polémica queda desactivada.
Un golpe genial. Pero aceptemos por un momento la versión de los hechos del presidente. Aceptemos su matiz de que este "acomodo" supone un verdadero desplazamiento de la responsabilidad a la aseguradora. ¿Alguien ha pensado detenidamente en el significado de esta nueva intervención? El presidente de los Estados Unidos acaba de ordenar a unas empresas privadas que presten de forma gratuita un servicio que su propia secretario de Salud y Servicios Sociales ha llamado de forma repetida públicamente importante lastre financiero.
¿Con qué autoridad? ¿Dónde dice que el presidente podrá ordenar de forma unilateral a una empresa privada que brinde un servicio presuntamente independiente de forma totalmente gratuita a determinados afiliados seleccionados?
Esto es gobernar por decreto presidencial. Se hace todo el tiempo, en Venezuela. A lo mejor deberíamos de llamar al "acomodo" de Obama Primer Decreto Presidencial.
Consideremos los escombros constitucionales que deja a su paso la reforma sanitaria Obamacare:
En primer lugar, su ataque al libre ejercicio de la religión. Solamente las propias iglesias quedan amparadas. Más allá del pórtico eclesiástico, desaparece la autonomía religiosa. Cualquier otra institución religiosa tiene que rendir pleitesía al Estado porque, según la definición reguladora de esta administración, los centros escolares religiosos, los centros hospitalarios religiosos y las organizaciones de caridad religiosas no son "instituciones religiosas" y por tanto no tienen ningún derecho al libre ejercicio de la religión -no están amparadas por la ley frente a ser obligadas a violar la doctrina de la fe a instancias del Estado-.
En segundo lugar, su ataque a la libre empresa. Para solucionar su propio problema político, el presidente se aventura sin ninguna autoridad a ordenar a una empresa privada que acceda a un contrato que brinda determinados servicios -gratuitos todos ellos. Y aun así, esta sobrecogedora apropiación de competencias constituye simplemente la ampliación lógica de la nacionalización por parte de Washington de la red privada de atención médica- red que Obama simula estar apuntalando de forma ridículamente torpe.
Con la reforma sanitaria Obamacare, el Estado dispensa a las aseguradoras el trato reservado a los monopolios y las herramientas del Estado regulador. El Estado define todo lo que tiene importancia. Una aseguradora, por definición, fija la letra de la prima del seguro en función del riesgo. Ya no. El cómputo del riesgo que para la empresa reviste el asegurado (edad, sexo, si es fumador, etc.) es decretado por Washington. Se trata de una nacionalización en toda regla con un nombre diferente. La aseguradora se convierte en un intermediario, sometido al control del Estado -- y al capricho presidencial.
En tercer lugar, el ataque a la libertad individual. Cada ciudadano sin seguro está obligado por ley a contratarlo, de nuevo bajo pena estipulada. Esta presunta medida obligatoria prospera ahora en el Supremo -- porque nunca antes el ya explotado Capítulo de Actividades Comerciales se ha utilizado para obligar a un ciudadano a contraer un contrato privado con una empresa privada por el simple hecho de existir.
Esta secuencia constitucional -el Estado invasor de la libertad de las instituciones religiosas, de la autonomía de las empresas privadas y de la libertad individual de la ciudadanía- no debería ser ninguna sorpresa. Es lo que sucede cuando el estado nacionaliza la sexta parte de la economía.
En el año 2010, cuando todo este entuerto aguardaba difusamente en el futuro, la arrogancia descarada de la reforma sanitaria Obamacare movilizó una oposición popular lo bastante multitudinaria para asestar una paliza electoral a Obama. Pero dos años más tarde, mientras las consecuencias de aquella extralimitación se van materializando delante de nuestras narices, la polémica se desvanece. Constituye un colosal fracaso del partido en la oposición cuya responsabilidad reside en hacer discurso de oposición.
Todo aspirante presidencial dice que derogará la reforma sanitaria Obamacare nada más llegar. Bueno, vale. ¿Pero va alguno a explicar la razón?