La senadora estaba perpleja. Las compañías automovilísticas norteamericanas se estaban resistiendo a sus intentos y los de otros bienintencionados compañeros del Senado de imponer un incremento radical en la eficiencia del consumo de combustibles hacia el 2017. Así que protestó: ¿Por qué no pueden parecerse más a los chinos? O, por citar con mayor precisión a la senadora Dianne Feinstein: “Lo que demuestra la situación de China o la situación de los demás países es que estos fabricantes de automóviles, en todos ellos, construyen los coches que cumplen con las regulaciones de consumo de carburante. Y no combaten esos requisitos, simplemente los cumplen.”
Sí, es cierto. Así es como funcionan las cosas en las dictaduras comunistas. Es extraño poner a China como modelo de relaciones entre las empresas y el Gobierno. También demuestra una pobre capacidad como vendedora de argumentos. Apenas una semana después de que Feinstein hiciera ese comentario, el Brilliance BS6 sedán –"un coche con el que [China] quería conquistar el mercado automovilístico de Europa" – falló tan estrepitosamente en una prueba de impacto alemana que podría quedar prohibido en toda la Unión, según informó la agencia europea de noticias AFX News. “Fue la segunda vez en menos de dos años que un coche de fabricación china ha fallado en esta prueba, siguiendo el espectacular fracaso del utilitario deportivo Landwind fabricado por Kiangling Motors hace dieciocho meses."
Obtienes lo que pagas. Cuando se construyen coches más ligeros con un menor consumo, se sabe que en última instancia, aunque se cuente con la mejor tecnología (y no digamos ya si la fabricación es china), la seguridad será menor. Eso sucedió hace tres décadas cuando se redujo drásticamente el consumo de los automóviles debido a las subidas del petróleo de los años 70. Probablemente pasará ahora de nuevo.
El caso es que, como sociedad, podríamos decidir que el canje vale la pena. Podríamos llegar a la conclusión que un consumo alto en los motores de nuestros autos nos hace depender del petróleo extranjero, lo que a su vez provoca que se pierdan vidas de otras formas, como puedan ser guerras para defender nuestros intereses en un Oriente Medio rico en crudo y en otras partes. Pero lo que no podemos negar es que hay que renunciar a algo. Precisamente lo que radicalmente erróneo en la ley de energía que ha aprobado el Senado y con el debate que la precedió es el rechazo crónico, casi patológico, a reconocer que existen tales renuncias.
Mire las principales medidas de la ley. En primer lugar, se obliga a una mejora del 40% en los estándares de consumo de combustible de los coches. ¿Qué hay de malo en ello? Aparte del problema de la seguridad, está el coste. Los precios de los vehículos se incrementarán, lo que podría conducir a la insolvencia a una o a todas las principales compañías automovilísticas norteamericanas, dado que tienen tantos problemas financieros
Eso podría merecer la pena, pues este país necesita desesperadamente un consumo de combustible más eficiente, pero no es gratis. El modo más eficaz y equitativo tanto de mejorar el consumo de los futuros modelos de coches como de reducir la gasolina que se reposta hoy (limitarse a lo primero podría tener el efecto perverso de inducir a la gente a conducir más) es con un nuevo impuesto a la gasolina, acompañado de una reducción en el impuesto sobre la renga, para que no se use como modo de incrementar la recaudación. Pero eso no tiene apoyo alguno ni en el Congreso ni en el Ejecutivo, porque sería un reconocimiento demasiado honesto de que no hay nada gratis.
El motivo de que los congresistas adoren los estándares CAFE (media de consumo de combustible de los coches vendidos por un fabricante) es precisamente que esconde el coste de su implementación entre todos los factores que forman el precio de un coche nuevo. Así, los ciudadanos echarán las culpas por lo injusta que es la vida, es decir, porque la eficiencia energética no sale gratis, a las compañías automovilísticas en lugar de a quien ha aprobado la ley que sube los costes, el Congreso.
El gran atractivo del etanol es el mismo: a los congresistas les sale gratis. La ley del Senado ordena que para el 2022 se haya quintuplicado el uso del etanol. Podría ser una buena idea, pero también tiene costes. Debido a las enormes parcelas de terreno que ya se dedican ahora a cultivar maíz para transformarlo en combustible, tanto el precio de ese cereal como el de otros alimentos que se han dejado de cultivar en esas tierras se han elevado. ¿La belleza del etanol? Que esconde los costes en el lugar más insólito: los cereales de su desayuno.
Afortunadamente, el Senado no logró aprobar la tercera medida prevista en la ley, un decreto por el que las compañías energéticas estarían obligadas en el 2020 a producir el 15% de la electricidad mediante energías alternativas. Dado que la solar es cara, la eólica es una fuente irregular en regiones como el Sur y la geotérmica no es precisamente la más pujante en la mayor parte de los estados de la Unión, esta imposición habría significado precios de la electricidad más elevados.
No tengo objeciones a pagar más con el fin de reducir nuestra dependencia de la energía exterior. Pero es difícil esconder un modo políticamente más deshonesto y económicamente más ineficaz de hacerlo que con leyes que obligan a la industria privada a hacer el trabajo sucio del Congreso y esconden el verdadero coste de la eficacia energética.
