Cuando una investigación judicial desvela que Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), el partido cuyos líderes presidieron el gobierno de la Generalitat y gobernaron multitud de ayuntamientos en Cataluña desde 1980 hasta 2003, resolvió concursos de obras públicas a favor de empresas que le devolvieron los favores pagando comisiones del 4% a intermediarios que destinaban la mayor parte del dinero obtenido a financiar la fundación pagar las facturas electorales de CDC, cabría esperar que, además de una rápida y contundente investigación judicial que aclarase las responsabilidades penales, los líderes de opinión y los medios de comunicación pusieran sus plumas y voces al servicio del interés general y exigieran responsabilidades políticas a los presuntos delincuentes.

Nada más lejos de la realidad: ni ha ocurrido ni parece previsible que suceda en el futuro. Más bien al contrario, lo único que les preocupa a estos consumados maestros de la autocensura es granjearse los favores de la banda de comisionistas que, según pronostican las encuestas, van a ganar (¡si la Virgen de Montserrat no lo remedia!) las elecciones catalanas el próximo otoño. Hace unos meses (26 de noviembre 2009) ya dieron una prueba de su servilismo al publicar al en las portadas de los diarios y leer en las emisoras de radio y televisión un editorial titulado La dignidad de Cataluña, triste remedo en pleno siglo XXI de la unidad patriótica del Movimiento durante la dictadura franquista.

En lugar de defender la independencia del Tribunal Constitucional como tercer poder del Estado y presentar con objetividad las cuestiones que habían suscitado los recursos presentados contra el Estatut de Cataluña, esta banda de bien "pagaos" se ha aplicado a cuestionar durante los últimos meses la independencia del Tribunal e incluso poner en duda su competencia para juzgar una ley orgánica. Lo más grave de todo: pretendían confundir a los catalanes acusando al Tribunal de ser el brazo ejecutor del españolismo más recalcitrante y nostálgico, ése que no alcanza a comprender la "complejidad" de la sociedad española. España es y ha sido una sociedad plural en la que se hablan varias lenguas, qué duda cabe... exactamente igual que Cataluña. Y si todo respeto y apoyo merecen quienes piensan y se expresan en catalán, exactamente el mismo, ni más ni menos, merecen quienes piensan y se expresan en castellano en Cataluña. ¿Para cuándo Sres. Voceros de La Vanguardia, El Periódico, etc., un editorial sobre La dignidad de España?

Resulta muy revelador de la actitud del medio millón de catalanes que hasta ahora han mostrado su apoyo expreso a la independencia en las consultas realizadas en Cataluña, el mensaje que dejó un tal "Robert", independentista confeso, a "Lluís" otro lector, que en un intercambio en la página digital de El Periódico se atrevió a pedir justicia en el caso Palau: "Mira Lluís, primero quiero la independencia de Cataluña. Después, ya hablaremos. Tiene que haber prioridades. Y por ahora la prioridad absoluta para cada vez más catalanes es la independencia. Y en una Cataluña independiente el político que robe yo ya firmaría que lo condenasen a cadena perpetua. Cosa que en la corrupta España no será nunca posible".

El comentario resulta muy revelador: las campañas de adoctrinamiento e intoxicación patrocinadas por el Gobierno catalán controlado por partidos nacionalistas desde 1980 –con la inestimable colaboración de los medios de comunicación catalanes convertidos en hojas parroquiales al servicio de una "Cataluña, grande y libre"– han logrado que "Robert", arquetipo de independentista, no sólo no vea ya la realidad tal cual es, sino que subordine cualquier análisis moral o jurídico a la consecución de la independencia, acercando peligrosamente el nacionalismo catalán a los movimientos totalitarios que anteponen la conquista del poder para imponer sus concepciones (nacional, racial, sociedad sin clases, etc.) a cualquier otra consideración moral, política o jurídica.

Esta subordinación explica, en este caso, que para "Robert" la única consideración relevante sea que "cada vez más catalanes" apoyan la independencia, no que la inmensa mayoría de los catalanes no están interesados en las aventuras soberanistas e independentistas, como prueba que casi el 80% de los catalanes mayores de 16 años se haya negado a participar en las consultas independentistas organizadas por CDC (Alfóns López i Tena) y ERC (Uriel Beltrán) en centenares de poblaciones de Cataluña durante los últimos meses. Tampoco tiene ningún valor para "Lluis" que la investigación judicial en curso sobre el saqueo del Palau y sus ramificaciones haya puesto de manifiesto que los líderes de CDC –¡No España!– lleven al menos una década (1999-2009) apropiándose del dinero de los contribuyentes para financiar sus campañas electorales.

Hasta qué punto "Robert" ve el mundo al revés queda patente cuando afirma que para condenar a cadena perpetua al "político que robe" en Cataluña hace falta conseguir primero la independencia porque "en la corrupta España [eso] no será nunca posible". "Amigo" Robert, si algo ha dejado claro el caso Palau es que en una Cataluña independiente, que contara con una Agencia Tributaria catalana, una fiscalía dependiente del Gobierno catalán y un sistema judicial cuya máxima instancia fuera el Tribunal Superior de Cataluña, el caso Palau no habría visto nunca la luz ni los ciudadanos catalanes habrían llegado a conocer que sus adalides de la independencia, CDC, han estado financiando su partido con dinero hurtado a los contribuyentes.

La presencia de varios cientos de miles de zelotes nacionalistas ("Roberts"), organizados, disciplinados y dispuestos a subordinar cualquier consideración intelectual o moral a la consecución de la independencia, resulta fundamental para explicar la paradójica situación política en que se encuentra sumida la sociedad catalana, dispuesta a exculpar a la banda de comisionistas que lucha contra "la corrupta España" y hasta a devolverla a la Masía Gran con mayoría absoluta para que sigan haciendo de las suyas. Quizás seamos bastantes más quienes querríamos ver a sus responsables en Can Brians pero, como se ha visto con la prohibición de los toros en Cataluña, ni estamos bien organizados ni suficientemente activos para lograr nuestros objetivos. ¿Aprenderemos la lección esta vez?