El pleno del Congreso celebrado para debatir la competencia de la Generalidad para celebrar un referéndum separatista en Cataluña no ha aportado nada nuevo, salvo la enésima constatación de que los nacionalistas están dispuestos a ignorar la negativa del Parlamento, sede de la soberanía nacional y del derecho a decidir de todos los españoles, con la misma determinación con la que incumplen las leyes y sentencias de los Altos Tribunales.
Sólo si se ignora el radical, constante e indisimulado desprecio de los gobernantes autonómicos catalanes a la soberanía nacional y el ordenamiento jurídico podría sorprender que el presidente de la Generalidad, Artur Mas, no se haya molestado en acudir al Congreso, o que los parlamentarios autonómicos que sí que lo han hecho hayan dejado bien claro que no han acudido a pedir autorización sino cooperación para un proyecto rupturista, que, como ellos mismos han señalado, constituye "un camino sin retorno".
La intervención del presidente del Gobierno, tal como era lamentablemente previsible, se ha desarrollado como si el gravísimo problema fuera la dudosa legalidad de las pretensiones nacionalistas y no su clarísima y ya probada determinación de hacer caso omiso a la ley. No extrañe, por tanto, que la intervención de Rajoy no se haya salido del insuficiente ámbito jurídico, y que ni siquiera en ese se ha haya atrevido a reprochar a los gobernantes nacionalistas las veces que ya han incumplido la ley desde que, hace dos años, Mas mantuvo su chantajista entrevista con un Rajoy recién instalado en La Moncloa.
Desde entonces, Rajoy no sólo no ha combatido políticamente y en el terreno de las ideas lo del "Espanya ens roba", o los delirios identitarios e históricos en que los nacionalistas basan su proyecto de ruptura, sino que ha mirado para otro lado ante las desobediencias y prevaricaciones ya consumadas, como las que han permitido a la Generalidad proseguir su ilegal y liberticida inmersión lingüística, convocar una consulta secesionista o poner en marcha ilegales estructuras de Estado, tales como un Consejo para la Transición Nacional de Cataluña o una Agencia Tributaria propia.
Es más. Esta sensación de impunidad, ya disfrutada por los gobernantes catalanes, ha ido acompañada de una monumental financiación extraordinaria, a través de los Fondos de Liquidez Autonómica, sin la cual la administración autonómica de Cataluña no habría podido emprender su, además de ilegal, carísimo proceso de construcción nacional.
Nada de esto parece que haya llegado a su fin con el debate que se ha celebrado este martes en el Congreso. Mientras no se sea consciente de que la determinación de los nacionalistas a incumplir la ley ha sido estimulada y nutrida por la irresponsable renuencia de Rajoy a hacerla cumplir, el ilegal proyecto de ruptura nacional seguirá su camino.
El riesgo para la unidad y continuidad de España como Estado de Derecho reside en el cúmulo de complejos y debilidades que exhibe el Gobierno de la Nación, más que en los desmanes de unos políticos regionales en consentida rebeldía.