Zapatero hizo un daño inmenso a España. Es algo que frecuentemente se olvida, pues el día a día y la situación de emergencia continua en que nos encontramos no nos dejan mirar atrás ni siquiera unos pocos meses. Conviene recordarlo en un día como hoy, en que el presidente que arruinó nuestro país se permite el lujo de anunciar que publicará un libro sobre economía, y conviene recordar que no sólo en esa materia hizo daño a España. También este viernes se cumplieron seis años del chivatazo del Faisán, símbolo de su esfuerzo por rendirnos ante la ETA. Y la medida adoptada hoy por el Gobierno de recuperar la gestión del agua no deja de ser consecuencia de la compulsión suicida del PSOE por dividir España.
Desgraciadamente, no cabe esperar de este Gobierno, que tan alegremente califican los indocumentados de "neoliberal", que empiece a dar pasos para introducir algo de propiedad privada en el agua, por ejemplo, en forma de concesiones. Existe agua de sobra, incluso en nuestra seca España, para todas nuestras necesidades, pero su gestión no se guía por criterios de eficiencia, sino políticos. Como con tantas otras cosas, precisamente porque el agua es un bien tan importante, su gestión debería dejarse al mismo sector privado que nos provee de ropa y alimentos.
En cualquier caso, el problema del agua se agravó mucho más desde el primer día que Zapatero llegó al poder. La cancelación del trasvase del Ebro, infraestructura financiada en buena parte por la Unión Europea, fue resultado del populismo autonómico del PSOE, que levantó en Aragón la bandera del "nos roban el agua", muy parecida a la que enarbolan Kirchner y Morales para robar sus propiedades a multinacionales españolas. Mientras el agua del Ebro se desperdicia en el mar, en Levante siguen esperando la llegada de un líquido al que sacan un gran rendimiento. También, sí, en campos de golf, posiblemente el cultivo más rentable que existe en la turística España.
La decisión socialista de convertir España en 17 miniestados llevó a propugnar incluso que las autonomías se hicieran cargo de sus ríos, concepto tanto más discutible cuando la mayoría de las cuencas hidrográficas de nuestro país recorren varias regiones. La consecuencia era tomar las decisiones del agua teniendo en cuenta sólo las consecuencias para cada autonomía, al margen de cualquier criterio mínimamente racional que implicase una visión más amplia.
No obstante, lo aprobado este viernes en Consejo de Ministros parece indicar por dónde van los tiros de ese "repensar" el Estado de las Autonomías que se propone Rajoy, y que consistiría en guiarse por criterios exclusivamente económicos para recuperar algunas competencias. No un cambio de modelo, sino una pequeña reordenación que no cuestione la actual división de España, corrigiendo algunas de sus locuras. No es seguro que recorrer pasos tan pequeños permita calmar a los inversores y a la Unión Europea, que ven en el régimen autonómico una losa para la recuperación económica de nuestro país. Resulta difícil no pensarlo cuando algunas comunidades ya han declarado que no piensan cumplir con los objetivos de déficit. Esperemos que a Rajoy no le tiemble la mano cuando llegue el momento de intervenir, aunque sospechamos que sólo dará ese paso si no consigue exprimir lo suficiente a los ciudadanos de las autonomías cumplidoras para pagar los derroches de las demás.