Es normal que en política los partidos traten de aprovecharse de las ventajas tácticas que les ofrezca cada situación; que un candidato apure los formatos de los debates o los plazos previstos en las leyes no debería escandalizar, como tampoco tienen mayor importancia, por poner un ejemplo, las prácticas de filibusterismo parlamentario que son habituales en democracias a las que no estamos en condiciones de dar lecciones de ningún tipo.
Sin embargo, todo tiene un límite, más allá del cual queda en evidencia el nulo respeto del que lo transgrede por las formas –tan importantes en democracia–, así como por los propios votantes. Y ese límite lo viene traspasando de forma sistemática el Partido Popular, con todo descaro.
Es indefendible democráticamente que los populares estén reproduciendo en esta legislatura todo aquello que criticaron con grandes aspavientos en la pasada: el retraso en poner fecha a la investidura, que tan grave les pareció cuando lo decidía Patxi López; el formato de la propia sesión de investidura, del que se decía que estaba hecho exclusivamente para lucimiento del candidato… Por supuesto, es lícito cambiar de opinión sobre prácticamente cualquier cosa, pero un partido político no puede permitirse dar estos giros sin acompañarlos de una explicación y una justificación, porque la situación de bloqueo de España no lo justifica todo, y menos aún la necesidad de que Rajoy siga en la Moncloa.
No son los únicos problemas: Rajoy parece haber decidido que su supervivencia política o el simple cumplimiento de sus planes justifica cualquier estrategia, desde no presentarse a la sesión de investidura –lo hizo en la anterior legislatura y parece que sólo la insistencia de Ciudadanos ha evitado que la pospusiera sine die en ésta– a convocar las elecciones en fechas como mínimo discutibles: el 20 de diciembre el año pasado, el 25 del mismo mes este mismo año si hubiese unas terceras…
Probablemente lo peor de todo es que este comportamiento del PP evidencia la bajísima consideración que tiene por sus votantes en particular y por los ciudadanos en general: no puede decir públicamente una cosa y hacer lo contrario a la vuelta de unos pocos meses, esperar que todo el mundo lo haya olvidado y seguir presentándose como un partido serio y fiable, porque los españoles no tienen tan poca memoria.
Por supuesto, ni Rajoy ni los suyos han infringido hasta el momento ninguna norma, pero de un partido de gobierno e institucional y de un presidente que aspira a seguir ocupando ese cargo no sólo cabe esperar que cumplan las leyes –eso se da por supuesto–, sino que deben mostrar más respeto por el espíritu de las mismas y, sobre todo, por unos votantes que se merecen que no jueguen con ellos y que se les den las oportunas explicaciones.