La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se ha mostrado partidaria en una entrevista concedida a Europa Press de plantear una nueva regulación de la figura del aforado, limitando el aforamiento únicamente a lo que tenga que ver con la responsabilidad política y excluyendo los temas procesales.
El tiempo dirá el alcance de esta propuesta de reforma, pero lo cierto es que el conjunto de prerrogativas procesales de las que gozan los altos cargos es bochornosamente extenso y no tiene parangón en ningún otro ordenamiento jurídico comparable. El aforamiento implica alterar las reglas de competencia judicial penal en beneficio de determinadas personas que tienen derecho a ser encausadas y juzgadas por tribunales previamente señalados. Teniendo presente que ni en Alemania, ni en Reino Unido ni en EEUU existen aforados; que en Italia y en Portugal no existe más aforado que el presidente de la República; que en Francia sólo son aforados el presidente de la República y los miembros del Gobierno, se podría considerar que la Constitución del 78 ya fue demasiado lejos al extender ese fuero especial a todos los diputados y senadores. El problema, con todo, es que con el tiempo la ley, especialmente los estatutos de autonomía, ha extendido ese privilegio a los parlamentarios autonómicos, a altos cargos de la Judicatura, de la Fiscalía, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado, del Defensor del Pueblo, de las CCAA… hasta alcanzar un número que ronda los diez mil.
La poca justificación que podría conservar esta prerrogativa, como la de evitar las presiones políticas a las que pueda verse sometido un tribunal ordinario cuando juzga a un cargo público de responsabilidad, desaparece no sólo por la descomunal extensión que ha experimentado en España, sino, sobre todo, por la falsa presunción en la que se basa, consistente en entender que un tribunal superior es más independiente ante esas presiones políticas. Desgraciadamente, la realidad en España es justo la contraria: cuanto más alto es el tribunal, más sensible es a las presiones políticas y a la falta de separación de poderes. Por ello la verdadera piedra de toque para acabar con el privilegiado blindaje de la casta política no es tanto –aunque también– acabar con o limitar drásticamente el número de aforados, sino restablecer de manera efectiva la separación de poderes.
Teniendo presente en qué ha quedado la promesa de este Gobierno de acabar con la designación política de los miembros del Poder Judicial, poca esperanza cabe albergar respecto de esta vaga propuesta de Cospedal.