Dentro de la multitud de reformas del Código Penal aprobadas por el Gobierno merecen especial atención las que afectan a la Ley del Menor del 2000 aprobadas en la comisión de Justicia el pasado 23 de octubre y que han entrado en vigor esta semana.
Aunque hay que felicitar en parte al Gobierno por haberse hecho eco —por fin— del enorme clamor social contra esta ley y por haber logrado un consenso político en pro de su reforma, hemos de señalar que las modificaciones introducidas, aunque válidas, son claramente insuficientes. En realidad, la reforma se limita exclusivamente a las modificaciones de los artículos 8 y 35 de la ley del 2000 —con el objeto de permitir a la acusación particular ser parte activa en el procedimiento—, y a la inclusión de una disposición adicional en la que se dice que en el futuro “el Gobierno procederá a impulsar las medidas orientadas a sancionar con más firmeza y eficacia los hechos delictivos cometidos por personas que, aun siendo menores, revisten especial gravedad”.
De esta forma tan vaga y también aplazándola al futuro, esta disposición adicional señala que “se establecerá la posibilidad de prolongar el tiempo de internamiento, su cumplimiento en centros en los que se refuercen las medidas de seguridad impuestas y la posibilidad de su cumplimiento a partir de la mayoría de edad en centros penitenciarios".
El Gobierno, al poner fin a la absurda imposibilidad de que las víctimas pudieran presentarse como parte activa en el procedimiento, acaba con una situación clamorosamente injusta que violaba en parte el derecho de las víctimas de estos delitos a una tutela judicial efectiva. De forma muy detallada, la reforma reestablece esos derechos que deja de ostentar en exclusiva la figura del fiscal y que las víctimas jamás debieron perder en función de la edad de sus agresores.
Sin embargo, el Gobierno, aunque señale otras alarmantes deficiencias como son la escasa duración de las penas, el desbarajuste de los permisos penitenciarios o la falta de seguridad en los centros de reclusión para menores, no señala cambio concreto y efectivo alguno. Tan sólo —como antes adelantábamos— indica una vago compromiso de “impulsar” en el futuro una “medidas” “orientadas a” poner fin a estas deficiencias absolutamente fundamentales que explican el malestar social contra la ley que tan parcialmente se forma.
O bien el Gobierno —después de años de pasividad— ha actuado ahora de forma prematura sin dar tiempo a tramitar reformas de mayor calado, o bien, ha actuado de forma deliberadamente parcial por temor a romper el consenso político con modificaciones más profundas y ambiciosas.
No se nos escapa el hecho de que algunos de los problemas apuntados son competencias de las Comunidades Autónomas, como las que pueden referirse a la escasez de centros de internamientos para menores. Sin embargo, no podemos admitir, ni lógica ni jurídicamente, que el único punto que pueda reformarse sea el referido al de la acusación particular que —con ser fundamental— no cubre, ni mucho menos, los problemas de casi impunidad cuando el autor del delito es un menor de edad.
El Gobierno bien podría restablecer la edad penal del menor en los dieciséis años o simplemente acabar con la situación actual que deja sin medida alguna a cualquier menor que cometa un crimen, por salvaje y brutal que sea, si no alcanza los 14 años de edad, dos años de reclusión, si el delincuente no llega a los 16 años, y ocho años de reclusión máxima, con revisión a la mitad, si el criminal tiene entre 16 y 18 años. Y eso por no hablar de las fugas que se cometen en absurdos e injustificados permisos penitenciarios...
Si el Gobierno teme perder los apoyos de la oposición —y ese temor es justificado vistas las carencias progres de la izquierda— , que se fije en el enorme consenso social en apoyo de una reforma de mayor envergadura. Por ahora, el Gobierno ha fijado la atención en donde los problemas están. Pero el trabajo de modificación legal que reclama su solución deja mucho de haber concluido con esta reforma.