La recién creada Ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco ha resultado ser, tal y como era previsible, una mera prolongación de aquella Ponencia de Paz y Convivencia que pasó a mejor vida tras la decisión del PSE de abandonarla y no contar con el apoyo inicial de PP y UPyD: a pesar de que este nuevo órgano, creado el pasado 27 de marzo en función de un texto acordado entre PNV y PSE y en el que participan todos los grupos parlamentarios, tenía el teórico objetivo de debatir la actualización del Estatuto de Guernica de acuerdo con las normas y procedimientos legales, pronto los nacionalistas dejaron en evidencia que no pretendían otra cosa que dar rienda suelta a sus ilegales pretensiones soberanistas e introducir el mal llamado derecho a decidir.
No debe, pues, sorprender a nadie que, al amparo de esta ponencia, y a instancias de los proetarras de Bildu, la Cámara vasca vaya a invitar, entre muchos otros, al conocido dirigente batasuno y actual secretario general de Sortu Arnaldo Otegi, terrorista encarcelado por el caso Bateragune.
Se dirá que, al abrigo de esta misma ponencia, partidos como PP o UPyD van a poder presentar informes que señalan los perniciosos efectos económicos de una hipotética independencia del País Vasco o solicitar la comparecencia de políticos e intelectuales contrarios al nacionalismo, como Mario Vargas Llosa o Fernando Savater. Pero ahí radica precisamente el bochorno: en el hecho de que se pongan en pie de igualdad pretensiones compatibles con el ordenamiento jurídico con otras que radicalmente se dirigen en su contra; que se dé el mismo rango a los demócratas y a terroristas como Arnaldo Otegi.
La involuntaria contribución de PSE, PP y UPyD a este circo propagandístico no es, con todo, lo más grave. Peor juicio merece la condescendencia, en este caso de populares y socialistas, con una paz envilecida que ha hecho de una justa sentencia como la que condenó a Arnaldo Otegi un monumental acto de hipocresía. Es cierto, tal y como dictó dicha sentencia, que Otegi es culpable de haber tratado de burlar la ilegalización de Batasuna dictada en su día por el Tribunal Supremo. Pero no es menos cierto que esa misma sentencia del Supremo y la propia Ley de Partidos fue posterior y finalmente burlada, con el visto bueno de nuestro muy politizado Tribunal Constitucional, a traves de Bildu, de Sortu y de Amaiur. Arnaldo Otegi por el caso Bateragune no es más culpable de lo que lo son cualquiera de los proetarras de Bildu o Amaiur que actualmente ocupan las instituciones, cobran del erario público y forman parte de la Ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco.
Lo que sucede es que, a diferencia de lo que pasa con la gran mayoría de los dirigentes de Bildu y Amaiur, todo el mundo sabe quién es Arnaldo Otegi. Lo que sucede es que ver entrar y salir a éste de la cárcel, o incluso como candidato a lehendakari, sería dejar en evidencia lo que populares y socialistas quieren ocultar en aras del apaciguamiento: que la ley de Partidos ha sido activada y desactivada en función de unos comunicados de paz de la organización terrorista ETA. Eso es lo que vergonzosamente ha sucedido, con absoluta independencia de que Otegi siga en la cárcel, visite o incluso se quede en el Parlamento vasco con sus compañeros de lucha.