El Gobierno ha admitido, por primera vez, que el proceso en el que está inmersa Cataluña es un reto importante. Aunque se han limitado a señalar su "preocupación", tanto el presidente como la vicepresidenta han comentado el asunto este mismo viernes en sendas ruedas de prensa, separadas por unos pocos minutos.
Es una señal inequívoca y un cambio sustancial con lo que se transmitía durante la campaña catalana o incluso después, cuando los mensajes parecían ir más en la línea de quitar gravedad a una situación que sólo se analizaba en clave electoral y que se pretendía fácilmente reversible.
Lo cierto es que no es ese el caso y que por fin Rajoy y los suyos parecen darse cuenta de que el independentismo de CiU no es una mera estrategia para los comicios, de que ese nacionalismo moderado con el que confiaban en pactar ya no existe, si es que ha existido alguna vez.
Dicha constatación supone el golpe definitivo a la estrategia de los populares en los últimos tiempos, que pasó por un acercamiento a los convergentes en la esperanza, vana, de que éstos apoyasen al Gobierno; y desautoriza también buena parte del trabajo de Alicia Sánchez-Camacho, que apoyó los últimos presupuestos de Mas y que todavía hoy se ve obligada a decir necedades, como esa de que se pueda estudiar catalán en el resto de España.
Ahora lo que es necesario es que Rajoy y su Gobierno pasen de estar preocupados por Cataluña a ocuparse de lo que está ocurriendo allí.
El presidente debe ser consciente de que su método habitual de alejarse de los problemas hasta que éstos se diluyan por sí mismos no va a servir en este caso, y tiene que asumir un liderazgo que hasta ahora no ha ejercido en casi ningún ámbito, pese a la clara mayoría que le otorgaron los españoles en las urnas y la debilidad y el desconcierto por que atraviesa la oposición.
A Rajoy no debe temblarle la mano y, tal y como ha anunciado este mismo viernes respecto al euro por receta, y con mucha más razón en otros campos, debe utilizar todos los recursos a su alcance para impedir que el pacto entre CiU y ERC se deslice por una peligrosísima espiral de hechos consumados e ilegalidades.
La firmeza a la hora de impedir ilegalidades y de hacer cumplir leyes que ya han sido ratificadas por la máximas instancias judiciales –por ejemplo, en lo referente a la educación en español para aquellos que la pidan– será la mejor barrera frente a un independentismo habituado a aprovecharse de los complejos y la pusilanimidad de los distintos Gobiernos centrales.
El Gobierno debe transmitir a la opinión pública y a los partidos políticos que está dispuesto a usar todos los instrumentos a su alcance, desde la Guardia Civil al famoso artículo 155 de la Constitución, para cumplir con dos de sus más importantes deberes: preservar la unidad nacional y hacer que se cumplan las leyes y las sentencias. Y debe hacerlo con contundencia pero con naturalidad, porque si esos instrumentos están en la Constitución es en previsión de que un día, tal vez cercano, tengan que ser usados. Como cualquier otro elemento de la Carta Magna o del ordenamiento jurídico que los españoles hemos decidido otorgarnos.