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Emilio Campmany

El alguacil alguacilado

La decisión significa que el alto tribunal estima que los indicios detectados por la juez tienen suficiente consistencia. Y aquí no hablamos de trajes, sino de cientos de miles de euros, que en eso los socialistas siempre han sido más espabilados.

La vida tiene estas cosas. A las pocas horas de darse Pepiño Blanco (ahora que ya no es ministro, no hace falta que le llamemos don José) el gustazo de ver sentado en el banquillo a Francisco Camps, va el Tribunal Supremo y decide investigar su implicación en el caso Campeón. Tal decisión significa que el alto tribunal estima que los indicios detectados por la juez Estela San José tienen suficiente consistencia. Y aquí no hablamos de trajes, sino de cientos de miles de euros, que en eso los socialistas siempre han sido más espabilados que los del PP. Sean o no muchos los que se corrompen, cuando lo hacen no es por cualquier bagatela, se van directamente a por los billetes, y los cogen a puñados. 

Lo que sí hacen siempre es negarlo. En el programa de formación de los socialistas les deben poner una docena de veces Guía para el hombre casado, donde Walter Matthau enseña que siempre hay que negar la acusación, por evidente que sea, incluso en el caso de ser sorprendido por la propia esposa en la cama con otra señora. Negar, siempre negar, incluso la evidencia.

Blanco no está en una posición tan indefendible como la de Matthau en la película, pero le falta poco. Las acusaciones de Dorribo tienen verosimilitud porque el exministro no niega buena parte de los hechos narrados por el empresario y, por otro lado, no explica en qué consistía su relación con él. Simplemente, niega haber recibido ningún dinero. La última línea de defensa es la que apunta El País en su información, esto es, alegar que todo es una mentira urdida por el empresario para obtener beneficios durante el proceso. Y es verdad que el tal Dorribo fue encarcelado y luego, cuando empezó a colaborar contando lo que sabía, fue puesto en libertad con cargos.

Ahora bien, agarrarse ahí no lleva demasiado lejos. A Dorribo tan sólo se le pide que cuente la verdad y no tiene motivo conocido para faltar a la verdad. Sólo lo tendría si quienes pueden otorgarle los beneficios de los que hoy disfruta le hubieran pedido que mintiera por alguna razón. En el fondo lo que está haciendo El País de forma velada (de otro modo estaría cometiendo un delito) es sugerir que la Fiscalía o la juez o ambas han ofrecido a Dorribo la libertad durante la instrucción a cambio de que acusara injustamente a Blanco. Si cualquiera de las dos hubiera hecho esto, habrían cometido un delito muy grave. El problema, para Blanco y para El País, es que no hay ningún indicio que apunte a esta posibilidad. Aquí lo que hay es que a Dorribo se le prometió un trato de favor a cambio de que cantara y el tipo ha empezado con La Traviata y parece dispuesto a agotar el repertorio operístico. Si los abogados de Blanco no hallan en su conducta un buen motivo para mentir, él y su primo las van a pasar canutas.

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