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Emilio Campmany

La cacería

El Tribunal Supremo le ha anulado al jefe del Ministerio Público dos nombramientos por ilegales. Esto bastaría para justificar una cacería, como la llama el cronista de El País.

El Tribunal Supremo le ha anulado al jefe del Ministerio Público dos nombramientos por ilegales. Esto bastaría para justificar una cacería, como la llama el cronista de El País.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. | Europa Press

El País se enrola obediente en el ejército de salvación de Pedro Sánchez con la misión de rescatarnos del bulo y redimirnos de la trola y titula: "Veinte meses de cacería política contra el fiscal general apoyada en mentiras y en nombramientos anulados por el Supremo". Luego, el periodista aclara que las mentiras son seis.

Sin embargo, lo primero que hace el articulista es reconocer que, además de las mentiras, hay dos verdades, que el Tribunal Supremo le ha anulado al jefe del Ministerio Público dos nombramientos por ilegales. Esto bastaría para justificar una cacería, como la llama el cronista de cámara, pero a él le parece poca cosa. Vamos a por las mentiras.

La primera es que García Ortiz, aunque es verdad que fue el fiscal del Prestige, la realidad es que no quiso empurar a todo el PP. Aunque efectivamente hubiera sido así, es irrelevante para su labor como fiscal general. Es sospechoso sin embargo que, habiendo sido el fiscal de un caso que puso en apuros al Gobierno del PP, lo elija el PSOE para dirigir la fiscalía. Y eso es inequívoco, aunque no esté probada la relación de causa-efecto.

La segunda es que García Ortiz se reuniera con un banquero andorrano que se la tenía jurada a Rajoy. La noticia es falsa y en su día, muy poco después de su nombramiento, se rectificó. Mentira es, pero nadie está cazando nada con ella.

La tercera: el fiscal general ordenó detener la tramitación del caso Koldo para que saltara después de las elecciones. Efectivamente, el fiscal general no lo ordenó, pero la querella estaba lista en junio y nada se supo hasta después de las elecciones. En cualquier caso, tampoco está hoy nadie cazando con esta pólvora mojada.

La cuarta acusa a García Ortiz de haber ordenado al fiscal del caso oponerse a imputar a Puigdemont por terrorismo. Esto no es mentira. El fiscal del caso hizo un informe a favor y, tras reunirse con el fiscal general, cambió de criterio y preparó otro informe. De modo que el informe previo, la reunión y el cambio de opinión se produjeron. Si en El País se van a creer a pies juntillas desde ahora a todos los que desmienten las informaciones que les perjudican, más vale que se dediquen a la ficción.

La quinta es que el fiscal general salvó a Otegi de verse implicado en un atentado. Es posible que no, pero el problema de esta "mentira", que no está claro que lo sea, es que tiene toda la pinta de ser verdad, habida cuenta de que no se nos ha dicho qué le ha dado Sánchez al terrorista a cambio de su apoyo en las Cortes para ser investido presidente del Gobierno.

Y la última es la mejor porque, aunque fuera mentira que la Fiscalía ofreciera un acuerdo a la pareja de Ayuso y luego por orden del fiscal general lo retirara, lo que es verdad es que, para demostrar tal nimiedad (penalmente es irrelevante quién ofrezca el acuerdo, sino que lo que importa es que se cierre o no y en qué términos), el fiscal reveló el contenido de esas negociaciones cometiendo presumiblemente un delito de revelación de secretos, tal y como está investigando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Que un tribunal investigue si unos fiscales han cometido un delito a consecuencia de cumplir la orden dada por el fiscal general, que él no niega, es una verdad como un templo y causa suficiente para que el fiscal general dimita y, en caso contrario, que la oposición emprenda la cacería que El País dice que se funda en mentiras olvidando o menospreciando las muchas verdades en las que se basa. Periodismo de investigación lo llaman.

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