Cuando aún no nos hemos recuperado de las hazañas de los atilas baleáricos, vuelven los aristócratas de la huelga, los señoritos del SEPLA, a tomar el relevo de nuestro descrédito como país turístico. Visto cómo han permitido las presuntas autoridades de las Islas que se atropelle el orden público y vista la impunidad que conductas salvajes, genuinamente terroristas, disfrutan con la excusa de la huelga, hay que esperar lo peor en la nueva movilización del aristosindicato del aire, que toma hoy el relevo de los bárbaros de tierra.
El detalle de que los pilotos hayan pospuesto la reunión negociadora porque no les apetece discutir en los locales de Iberia, territorio poco neutral en su opinión, explica mejor que cien discursos la intolerable actitud de estos señores, que se han creído una mezcla del Cid y Supermán cuando no pasan de Marqueses de Sotoancho. Pero este piquete del SEPLA, que está poniendo en gravísimo peligro la supervivencia de la empresa, ha tenido precisamente en Iberia el mejor caldo de cultivo para sus atropellos. Se les ha malcriado, se les ha permitido todo, se les ha dado mucho más de lo que merecían, se les sigue creyendo indispensables para que Iberia exista y, a la vista de la situación, esto sólo puede acabar de dos maneras: o se les regala la compañía o ésta camina inexorablemente hacia la quiebra.
El Gobierno está dejando que el Orden Público escape de sus manos. Lo hemos visto en la huelga de los autobuses de Mallorca, lo hemos visto en la tolerancia ante las atrocidades perpetradas contra los viajeros en los aeropuertos, lo hemos visto, en fin, en la argumentación de Ansuátegui tras el horrendo crimen de Pozuelo: si para nuestra seguridad debemos olvidarnos de las fuerzas del orden, que el Estado se vaya olvidando de nuestros impuestos.
Hace falta una ley de huelga que ponga límites y condiciones a su ejercicio, que declare radicalmente fuera de la Ley a los piquetes y que ordene el cumplimiento de los servicios mínimos, so pena de sanciones verdaderamente disuasorias. Incluyendo a los sindicatos y gremios asilvestrados como responsables civiles y penales de los atropellos. El que la haga, que la pague. Y muy cara.
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