Pablo Ibar, de 44 años, sobrino del mítico boxeador Urtain, el morrosko, único español condenado a muerte en USA, lleva 22 años en prisión y 16 de ellos en el corredor de la muerte. Ahora, tras un esfuerzo sostenido de su familia, encabezado por su padre y por su esposa –Tanya–, se ha logrado que el Tribunal Superior de Florida haya revocado la sentencia. Y aunque todavía es posible un recurso del fiscal, eso significa que tiene derecho a un nuevo juicio. Toda España y todos los españoles de bien deben alegrarse, porque Pablo es inocente del triple crimen del que se le acusa y su nueva esperanza se debe a la solidaridad del magnífico pueblo español, ahora que los ardores patrios no están en valor.
El milagro lo han llevado a cabo el abogado Benjamin Waxman y una inversión de casi un millón de dólares, la mayoría procedente de donaciones a través de la Asociación contra la Pena de Muerte de Pablo Ibar en España. Aunque no he dudado ni un momento en atribuir este éxito de la justicia al magnífico pueblo español, sin embargo aprecio que a nivel político no se ha hecho todo lo posible por preservar la vida y la libertad de nuestro compatriota, que desde el primer vistazo se observa que ha sido objeto de un error judicial. A ello se deben tantos años de agonía en el corredor de la muerte.
Pablo fue detenido porque según los policías que le capturaron se parecía a una instantánea borrosa extraída de un video de seguridad. Aunque hábilmente Waxman dice ahora que el fallo monstruoso fue del abogado de oficio que llevó el caso, quien no presentó en el juicio a un experto en reconocimiento facial, mejor llama a Pablo Ibar para darte cuenta de que no es de esa clase de tipos.
Además, resulta que el criminal en la grabación lleva una camiseta azul envuelta en la cabeza, que al final se quita y tira en el porche. Esto ya es definitivo, porque se sabe que Casimir Sucharsky, el dueño del tugurio asesinado, en su casa, junto a dos chicas de 25 años, fue golpeado por sus agresores, que eran dos, durante veinte minutos, antes de que fuera liquidado con un arma de fuego. El asesino debió de dejar muestras en su ropa, pero en esa camiseta no hay ADN de Pablo.
Los abogados en USA tienen una frase socarrona: "Tenemos la mejor justicia que puedas pagarte". Un país tan maravilloso, con tantos aciertos, tiene sin embargo una justicia farragosa que lleva con frecuencia a inocentes a la muerte. Con los españoles ha tenido dos tropiezos en ocasiones recientes. Los dos me han tocado a mí como experto. El primero fue el de Joaquín José Martínez, salvado in extremis después de una inversión de unos cien millones de pesetas que su padre recaudó con un admirable tesón. En aquella ocasión sí hubo diputados que se enteraron de lo que pasaba y trataron de prestar ayuda. En el caso de Pablo, tal vez porque llueve sobre mojado, el interés político ha sido deficiente.
El abogado Waxman ha jugado bien sus cartas y ha puesto de relieve que el letrado de oficio estaba enfermo y atravesaba una situación personal muy complicada. Prácticamente, aunque era el defensor, no estaba en la sala del juicio, noqueado por sus problemas.
Sin embargo, no es lo único que ha fallado. Lo peor han sido los tribunales. Pablo fue juzgado junto a su supuesto cómplice, Seth Peñalver, y los dos protagonizaron un juicio que fue declarado nulo porque los del jurado fueron incapaces de valorar las pruebas. La realidad es que no las hay, pero así y todo dos hombres han estado a punto de morir, y finalmente han vivido horrorizados durante años. Primero fue Peñalver condenado a muerte y absuelto a los ocho años. Y ahora sucede lo mismo con Pablo, después de pasar 16 años en el corredor, cuatro más que el más famoso de los condenados de todos los tiempos: Caryl Chessman, el Bandido de la Luz Roja, frito en la silla eléctrica cuando llevaba sólo doce años esperando. Un varapalo para todos los políticos que no se conmueven ante los inocentes condenados a muerte.