Conforme pasa el tiempo es más evidente que el atentado de ETA en Capbreton va a suponer un grave contratiempo para la política antiterrorista del Gobierno. No se trata únicamente de que cada nuevo atentado de la banda terrorista suponga de hecho un recordatorio del estrepitoso fracaso de la política de apaciguamiento de los terroristas seguida por Zapatero. O que la existencia de dos victimas mortales suponga además una nueva paletada de tierra sobre el proceso de negociación finiquitado por la banda, pero al que Zapatero se resiste a dar por definitivamente por enterrado. Lo más relevante para la lucha antiterrorista es que la muerte de estos dos agentes pueda abrir una brecha en el férreo cerco que la Guardia Civil había levantado en Francia en torno de la organización terrorista.
Tras este desgraciado atentado el Gobierno tiene que cambiar al menos dos cosas en la lucha antiterrorista. En primer lugar, los agentes de información españoles no pueden seguir trabajando en Francia desarmados y con un estatus jurídico de meros turistas. Las fórmulas desarrolladas por la Unión Europea hace ya tiempo, como los equipos conjuntos de investigación, hacen incomprensible que aún se esté trabajando en estas difíciles condiciones. Zapatero ha anunciado tras la muerte de estos dos guardias la creación de un equipo conjunto permanente sobre ETA, sin explicar los detalles. Pero lo que es necesario es que todos los policías y guardias civiles que trabajan en el sur de Francia en misiones contra el terrorismo lo hagan encuadrados en unidades que les otorguen la protección física y jurídica adecuada. La muerte de estos dos jóvenes guardias debería servir al menos para se supere la fase en la que las autoridades francesas se limitan a "consentir" la presencia de nuestras fuerzas de seguridad en su territorio y a ejecutar las operaciones cuando están maduras, para entrar en una nueva fase en la que la lucha contra ETA se haga en el marco de estructuras operativas conjuntas, eficaces y que ofrezcan una adecuada protección a nuestros agentes.
En segundo lugar, misiones contra el terrorismo tan delicadas como las que desempeñaban los dos guardias civiles asesinados en Capbreton no pueden ser realizadas por guardias inexpertos, sin ningún tipo de formación específica y enviados en comisión de servicio desde cualquier pueblo de España. Es lógico que los servicios de información sometan a prueba a sus agentes antes de proponerles para el curso o asignarles un destino definitivo, pero lo que no es razonable es que estos agentes sean enviados a la primera línea de combate sin la experiencia ni la formación adecuada. La obsesión del Gobierno por aumentar el número de agentes en la lucha contra el terrorismo no ha sido acompañada por la debida dotación de las capacidades de formación, adiestramiento y medios materiales que exigían esos incrementos de plantilla. Es algo que el Gobierno debe corregir cuanto antes.
Rubalcaba contaba con que la presión policial inmovilizaría a ETA al menos hasta las elecciones de marzo de forma que el Gobierno no tuviera que enfrentarse a atentados mortales que pusieran en evidencia el fracaso de su política antiterrorista. Lo más preocupante del atentado de Capbretón no es sólo que los terroristas hayan evidenciado con su doble asesinato a sangre fría su firme determinación de matar, sino que la detección y asesinato de estos dos guardias pueda poner en riesgo, aunque sea de forma momentánea, el excelente trabajo que la Guardia Civil viene desarrollando en el sur de Francia.
