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Robespierre y el culto a la violencia revolucionaria

La defensa de Robespierre, de sus ideas y gobierno, se mantiene entre cierta izquierda, que quiere ver una continuidad entre aquel revolucionario y Lenin o el Che Guevara.

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Para sus defensores, Robespierre significa la revolución legítima, el Terror justificado, la liquidación social necesaria. Porque hay momentos en la Historia, dicen, en que la violencia es una obligación, una imposición de los tiempos para derribar las estructuras que sirve para el progreso de la civilización.

Robespierre usó el Terror, dicen sus defensores, para instaurar "la buena República". "El arte político del terror –se lee en un panegírico– es el de la apuesta intuitiva sobre la acción que conviene para llevar a buen puerto el bajel revolucionario y fundar la República". Es el mismo pensamiento que lleva a los comunistas a la creación y el mantenimiento de sus dictaduras, desde Lenin (efectivamente) hasta Castro. Y hablan en nombre del pueblo como si éste fuera un sujeto único, con una sola voz y un solo interés. El pueblo no comprendería la realidad de su opresión y alienación, de ahí que el revolucionario deba hablar por él, aportarle la luz, imponerse por la fuerza.

En esa interpretación, la revolución francesa habría sido "fuertemente anticapitalista", dice por ejemplo Florence Gauthier; y Robespierre, los jacobinos y su izquierda, sus máximos representantes. La conclusión es clara: socialismo y derechos humanos son indisociables, y marcan lo que es una "verdadera democracia". El verdadero instrumento de la libertad sería la República, y su espíritu, el socialismo. Es la concepción totalitaria y exclusivista que implantó el Terror en 1793 en Francia, y el bolchevismo en Rusia a partir de su golpe de octubre de 1917.

La imagen de Robespierre sería la del defensor de una República democrática, popular, con contenido social, para dar respuesta a las aspiraciones del pueblo; pero pueblo en el doble sentido que le da esa izquierda, como sujeto que constituye con su voluntad las instituciones y como individuos que padecen las malas condiciones de vida generadas por el capitalismo. De esta manera construyen al personaje, a aquel joven Robespierre, abogado, que con 23 años defendió a los débiles, consiguió popularidad y resultó elegido diputado en la convocatoria de los Estados Generales de abril de 1789. Ese hombre, que sabía lo que quería el pueblo, se unió a aquellos que adoraban a Rousseau, cuya voluntad general sería el argumento perfecto para la dictadura.

Los jacobinos, llamados así porque se reunían en un edificio de los dominicos consagrado a San Jacobo, creían que la misión de la revolución era instaurar un régimen basado en la libertad, la igualdad, la frugalidad y la virtud. La revolución alumbraría la regeneración del Hombre –el Hombre Nuevo del que luego hablaron los comunistas– arrancándolo de la corrupción –pública y privada–. La libertad debía ser entendida como el derecho de todo ciudadano a contribuir a la formación de la Voluntad General, eje del régimen revolucionario. Una vez establecida ésta, cualquier discrepancia sería contrarrevolucionaria y, por tanto, punible. Era preciso asimismo erradicar la desigualdad, porque mientras perviviera no habría verdadera libertad para crear la Voluntad General. La solución era generalizar no la riqueza sino la frugalidad. La ostentación impedía la virtud, y por tanto era contrarrevolucionaria.

El Estado estaba para los jacobinos por encima del individuo porque era la expresión de la Voluntad General, y el ciudadano debía estar a su servicio. Ya lo escribió Saint-Just en su obra Fragmentos de instituciones republicanas (1794):

Los niños pertenecen a su madre hasta los cinco años, si ésta les ha criado; después, y hasta su muerte, pertenecen a la República.

En materia económica, los jacobinos manejaban unos planteamientos muy atrasados, estaban muy por detrás de lo que se estilaba en el mundo anglosajón y también de lo que sostenían los girondinos, sus rivales, que se inspiraban en Adam Smith. Los de Robespierre seguían aferrados a los planteamientos de los fisiócratas, y pensaban en una civilización basada en la agricultura, la única, decían, que creaba riqueza.

La religión era, para ellos, un instrumento de dominación. La Constitución del clero de 1790, que obligaba a los sacerdotes a jurar el texto constitucional, había sido un primer paso. También el Estado debía encargarse de las cuestiones trascendentales. El ateísmo, decían, era algo de ociosos, de aristócratas, contrario a la voluntad de la nación y, en consecuencia, contrarrevolucionario. El 7 de mayo de 1794 comenzó a organizarse el culto al Ser Supremo. Los herbertistas, un grupo a la izquierda de los jacobinos fuertemente anticristiano, iniciaron el culto a la Razón. Robespierre los liquidó.

Los jacobinos no concebían el gobierno más que como revolucionario, transformador; en cuanto a la legitimidad, la otorgaba la Revolución. Los moderados o conciliadores, como los girondinos de Condorcet y Brissot, o el jacobino Danton, eran sospechosos o directamente traidores. El poder servía para hacer la Revolución, y cuanto más concentrado estuviera, más sencillo sería que cumpliera su misión. Robespierre y los suyos acumularon más poder que el que había tenido Luis XVI con la Constitución de 1791.

Liquidaron a la oposición girondina, a la izquierda de la Montaña, a los monárquicos de la Vendeé y a una parte considerable de sus propios partidarios. Los comisarios del pueblo –como, luego, sus pares en la URSS– juzgaban y ejecutaban. Los tribunales dictaban sin necesidad de seguir juicio alguno. En los primeros veinte días de la Convención, entre marzo y abril de 1793, se dictaron todas las normas pertinentes para la represión y liquidación social. Cientos de miles de sospechosos pasaron por las cárceles revolucionarias.

En sólo dos meses de 1794, los jacobinos ejecutaron a no menos de dos mil personas. Los defensores actuales de Robespierre alegan que fue en defensa de la libertad. Robespierre habría actuado en defensa de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y en castigo de la disidencia, la desigualdad social y la ostentación. La oposición, la aristocracia, los burgueses no tenían derechos que oponer a la Voluntad General. El Terror era necesario para la República, así lo expresaba Robespierre en un discurso en febrero de 1794:

El Terror no es otra cosa que la justicia pronta, severa, inflexible; es pues una emanación de la virtud; es mucho menos un principio particular que una consecuencia del principio general de la democracia, aplicado a las más acuciantes necesidades de la patria.

Robespierre y los suyos fueron derrocados en el golpe de estado del 8 de Termidor del año II (el 26 de julio de 1794), dado por los republicanos moderados que querían una rectificación de proceso revolucionario. Tras una escaramuza, en la que fue herido en la cara, Robespierre fue detenido. Lo guillotinaron al día siguiente, junto a los otros dirigentes jacobinos. Sus defensores actuales ven en este acto el fin del impulso democrático a la Revolución. Sin embargo, no podía ser democrático un régimen fundado en la anulación de la pluralidad, en la proscripción de las elecciones competitivas, en el que se pisoteaba la ley y la separación de poderes no era sino una caricatura grotesca. Fue el fin de la primera dictadura de la revolución francesa, y el inicio del culto a la violencia revolucionaria. 

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