Otro año perdido

Terminó el año 2003 y nuevamente nada pasó. Un año más en el cual la economía mexicana estuvo a la deriva. Un año que, exceptuando el éxito del Banco de México en la reducción de la inflación, prácticamente no se creció ni se crearon empleos ni mejoró el bienestar de la población. En fin, otro año más que se pierde, uno más en una larga historia de décadas perdidas. Podríamos buscar un chivo expiatorio para explicar ese fenómeno y casi todos apuntarían al presidente Vicente Fox o al Congreso o a ambos por igual.

 

Aunque tienen culpa, el problema es de mayor profundidad y va a las entrañas del arreglo institucional que norma la conducta y la relación de los individuos en la sociedad, que si no se modifica, los años por venir se perderán igual. Un elemento que se destaca en nuestro arreglo institucional ineficiente es el sistema político mexicano, que históricamente se ha caracterizado por la total ausencia de rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos, particularmente los electos, desde el presidente de la República hasta los presidentes municipales, pasando por los gobernadores y los legisladores federales y estatales. Esa ineficiencia no se notaba cuando el sistema político mexicano era monolítico y encabezado por el presidente, cuyas decisiones siempre eran avaladas y casi nunca cuestionadas por serviles empleados públicos, fuesen estos legisladores, gobernadores o simples burócratas. Hoy, ese sistema ya no existe y se requiere avanzar hacia otro sistema político en el cual todos y cada uno de los funcionarios públicos rindan cuentas por sus actos.  Otro elemento negativo en el actual arreglo institucional es la enorme maraña de leyes y reglamentos ineficientes, así como todo un conjunto de trámites burocráticos innecesarios y costosos, tanto federales como estatales y municipales, a los cuales se enfrentan las empresas y los individuos. Un profundo proceso de desregulación es indispensable para reducir los enormes costos de transacción que actualmente pesan sobre la economía, abatiendo significativamente la corrupción y abaratando la operación de los diferentes mercados. Para lograrlo, se requiere un poder legislativo responsable y vencer la resistencia de todos aquellos grupos que se benefician del statu quo: empresarios con prácticas monopolísticas, sindicatos y burócratas.

 

Otro elemento tiene que ver con las reglas informales y la notoriamente baja disposición de los ciudadanos, de las empresas y hasta del propio gobierno a cumplir con las normas vigentes, fenómeno que se observa con mayor notoriedad en el Distrito Federal. La cultura de la impunidad y de la corrupción ha llevado a que los individuos realmente le otorguen muy poco valor al cumplimiento de las reglas de comportamiento, lo cual aumenta significativamente los costos de transacción. El llamado “capital social” en México es prácticamente inexistente y esto se refleja en una menor rentabilidad privada y social de la inversión, menor crecimiento económico y menor bienestar de la población. ¿Cuánto cuesta que la gente no respete las señalizaciones de tránsito? ¿Cuánto cuesta que los automovilistas no tengan el mínimo respeto a los peatones? ¿Cuánto cuesta que grupos de manifestantes utilicen como mecanismo de presión el bloqueo de calles y avenidas? O nos modernizamos y hacemos más eficiente el marco institucional o México seguirá perdiendo oportunidades para desarrollarse.