El diario El Mundo publicó el lunes una noticia que ilustra como pocas la realidad del ejercicio del poder progresista. Una cosa son las promesas de equidad, justicia social y progreso que hace la izquierda. Y otra muy distinta la práctica liberticida de sus gobiernos. Ojalá todos aquellos seducidos por los cantos de sirena regeneradores de la ultraizquierda tomen conciencia de ello (y opten, más bien, por una regeneración liberal).
Pero vayamos al ejemplo. Bajo el título de "Los profesores de Andalucía no pueden recomendar libros de apoyo a sus alumnos", El Mundo informaba de que el servicio de inspección educativa de la Junta de Andalucía ha apercibido a un colegio sevillano por recomendar la compra de libros que no son los del Programa de Gratuidad de los Libros de Texto. Este programa subvenciona al 100% los gastos en manuales de Primaria y Secundaria en los centros públicos y concertados sevillanos. Añade el diario:
La inspección subraya que "el material curricular destinado a ser utilizado por el alumnado desarrolla de forma completa el currículo establecido" y, por tanto, no considera "procedente" la petición a las familias, "ni siquiera a título voluntario, de material bibliográfico adicional como cuadernillos y libros de lectura”.
La Junta justifica esta prohibición en que debe "evitar la discriminación del alumnado por su situación socio-económica". Los alumnos andaluces llevan sufriendo este burdo ensayo de control mental desde hace 4 años.
Los tiempos en los que las autoridades intentaban controlar mentes a través de un Índice de Libros Prohibidos, de la quema de libros o de su misteriosa desaparición pasaron ya. Ahora se aplica la sutil técnica de la subvención pública. Se controla lo que se subvenciona. El Estado establece las lecturas adecuadas subvencionándolas.
Una primera consecuencia –buscada, sin duda– es que se lee menos. Así lo demuestran las cifras en el artículo de marras. Cuando se ataca la libertad de elección, disminuye la voluntad de leer. Y lo poco que se lee es lo que las autoridades subvencionadoras quieren que se lea.
Otra consecuencia es la imposición del igualitarismo. Que los padres quieran que sus hijos destaquen, que no sigan al rebaño, que su curiosidad paste por campos ajenos a los acotados por la Junta vulnera la justicia social. Querer lo mejor para los hijos crea desigualdad porque unos padres lo conseguirán y otros no. Por eso debe ser proscrito. Los padres que quieran compran libros con su propio dinero serán amedrentados con la amenaza de la conducta antisocial. Son egoístas. Se desmarcan de las reglas del grupo. Su conducta es discriminatoria porque otros padres no van a hacer lo mismo.
La Junta asume también la equivocada idea de que el conocimiento es algo finito y maleable. Al igual que la riqueza, el conocimiento debe ser distribuido siguiendo criterios igualitarios. La función de los poderes públicos es asegurar que todos reciben los mismos conocimientos. Esto sólo se asegura controlándolos. Al igual que la riqueza que no controla el Estado es considerada sospechosa, los conocimientos adquiridos por voluntad propia son subversivos. El alumno debe saber sólo lo que está previsto que sepa. Saber más es muestra de insolidaridad. Aprender a pensar por uno mismo es peligroso porque impide el control de los conocimientos. La educación es asimilada a una inmersión. Se convierte en una herramienta de creación de conformismo, de sometimiento al poder.
Es evidente que esta lógica tiene muy poco que ver con la educación y todo que ver con el control social. La misión de los centros educativos (¿?) andaluces es evitar que los padres se gasten su dinero en comprar libros para sus hijos. En función de ello, estos centros son juzgados por su capacidad para imponer la ignorancia.
Esto está ocurriendo en la región de España donde la suma de votos de la izquierda y la extrema izquierda -PSOE, IU y Podemos- fue más alta en las recientes elecciones europeas. Alcanzó el 53,9% frente al 41% a nivel nacional. ¿Son estos datos evidencia del éxito o del fracaso de la política educativa de la Junta?
Pese al pesimismo que pueda infundir la respuesta a esta pregunta, debe recordarse que fueron 1,4 millones de andaluces los que votaron por opciones de izquierda hace un par de meses. Sin embargo, en las elecciones autonómicas de 2012 votaron al PP 1,6 millones, y 2 millones lo hicieron en las generales de 2011. La aspiración por un modelo político distinto, marcado por la libertad, pervive en Andalucía pese a todo.