Con la misma mala fe comprobada en el artículo anterior, agravada por la hipocresía, Garzón afirma sentir "máximo respeto para todas las víctimas que padecieron actos violentos execrables, masacres y gravísimas violaciones de derechos durante la Guerra Civil y la posguerra, con independencia de su adscripción política, ideológica, religiosa o de cualquier otra clase, y, sin que se establezca razón de diferenciación alguna entre ellos por tales circunstancias".

Naturalmente, ya ha establecido una diferenciación escandalosa en relación con el caso de Carrillo y, en general, con las víctimas derechistas, hacia las que manifiesta un completo desprecio en la práctica, so pretexto de que ya se les ha hecho justicia, aserto cuyo valor en su boca ya veremos. Hipocresía remachada con la afirmación de que "no se trata de hacer una revisión en sede judicial (sic) de la Guerra Civil española (...) ya que ello supondría la formación de una especie de causa general". Entonces, ¿de qué se trata? ¿No dice que es necesaria la investigación penal de los crímenes, para acabar con su impunidad? Se trata, aclara, de juzgar "la desaparición forzada de personas" debida a la aplicación de las leyes de los vencedores en la guerra. Se le puede llamar causa general o no, pero es lo mismo. La mala fe del juez vuelve a relucir cuando, como siempre, habla de víctimas sin atender al carácter de los hechos por los que estas habían sufrido la muerte u otras penalidades. En otras palabras, mete aquí en el mismo saco a chekistas y a personas inocentes, vulnerando con auténtica brutalidad los principios más elementales del derecho y de la justicia. Rasgo definitorio, por otra parte, de la Ley de Memoria Histórica, de la que Garzón parte.

La justificación de estos ataques al Estado de Derecho se encuentra en otro párrafo donde afirma que los vencidos fueron perseguidos "por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado". Aquí Garzón, o ignora los hechos o, conociéndolos, da por legal y normal el proceso revolucionario abierto a partir de las elecciones no democráticas de febrero del 36, con destrucción de la legalidad republicana –eliminando, entre otras cosas, toda independencia judicial–, proceso realizado con abundante derramamiento de sangre y otras violencias como incendios, motines y abusos constantes de la ley, culminados en el asesinato, por fuerzas de seguridad del Estado y milicianos socialistas, del líder de la oposición Calvo Sotelo. Los hechos son sobradamente conocidos, y denunciados no solo por los vencedores de la guerra, sino por infinidad de testigos de muy variada tendencia, liberales y por algunos de los propios izquierdistas. Ahora bien, si Garzón ignora los hechos, no sabe de qué habla, lo que le incapacita de entrada para emprender ninguna investigación judicial al respecto; y si los conoce, como difícilmente puede ser de otro modo a estas alturas, debemos pensar que para él la "legalidad vigente", se supone que respetable, se concretaba en dicho proceso revolucionario y la oleada de crímenes que le acompañó. Sin olvidar que los autores de todo ello fueron los mismos que se rebelaron en octubre de 1934 contra un Gobierno –este sí– legítimo y democrático. En todo caso, Garzón debiera aclarar lo que considera "legalidad vigente", pues su propio auto conculca las normas más elementales del derecho y, sin embargo, pretende ampararse también en una "legalidad vigente" cada vez más anticonstitucional.

En el fondo, los ataques que desde el 11-M vienen realizando el Gobierno y sus afines contra la ley y los fundamentos de la convivencia democrática, intentan apoyarse en un radical falsedad histórica: que el Frente Popular tenía carácter democrático, continuaba la república y representaba la "legalidad vigente", cuando en realidad supuso, desde el principio, la liquidación violenta de la legalidad republicana. Garzón se identifica, en este auto, con la "legalidad", de hecho ilegalidad rampante, de un Frente Popular compuesto, de hecho o de derecho, y como todo el mundo sabe, de stalinistas, marxistas revolucionarios, anarquistas, golpistas y racistas, todos tan demócratas como quienes se identifican hoy con ellos.

Debemos insistir en lo que debiera ser una evidencia: en una sociedad compleja abundan los intereses, sentimientos y creencias contrapuestos, y el único modo de que la confrontación no degenere en choque violento consiste en el mantenimiento de la ley, de modo que nadie pueda usar esta al modo torticero como hace Garzón, ni pueda ser doblegada por presiones multitudinarias y mafiosas como las de quienes jalean las prevaricaciones de este juez. La guerra provino de la destrucción de la ley por el Frente Popular, y quienes hoy se consideran sus herederos están planteando un muy serio reto a los principios de la democracia en España. De ese reto puede salir un fortalecimiento de la legalidad democrática, si la ocasión se aprovecha para defenderla y explicar los hechos históricos a la población, o puede salir una mayor degeneración y corrupción del sistema al modo latinoamericano, si no a algo peor. Y esta última es la deriva actual, debida en parte muy considerable a la ausencia de oposición, eliminada por Rajoy.