¿Tiene la gente derecho a recibir tratamiento médico, pueda o no pagar por ello? ¿Derecho a recibir alimentos y a tener una vivienda decente? ¿Acaso el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostiene que estos son derechos similares a los enumerados en la Carta de Derechos (las primeras diez enmiendas de la Constitución)? Para poder contestar esas preguntas tenemos que definir qué es un derecho. Según la forma en que los redactores de la Constitución utilizaron el término, un derecho es algo que existe simultáneamente entre la gente y no impone ninguna obligación a terceros. Por ejemplo, el derecho a la libre expresión y el derecho a viajar son cosas que todos poseemos simultáneamente. Mi libertad de expresión no le impone ninguna obligación a otro que no sea la de no interferir. En otras palabras, cuando yo hago ejercicio de mis derechos no le estoy pidiendo nada a usted ni ello reduce sus propios derechos.
Contrastemos esa visión de los derechos con los supuestos derechos a la atención médica, a alimentos, a una vivienda decente. Esos no son derechos como los derechos a la libre expresión y a la libertad de viajar. No hay un San Nicolás ni una Hada Madrina para proveerlos. Entonces, usted me contesta: el Congreso provee tales derechos. No es así. La única manera como el Congreso puede regalar algo es intimidando, amenazando y obligando a otro ciudadano a aportarlo. Es decir, cuando el gobierno le da a alguien algo que esa persona no se ganó es porque le está quitando a otro algo que ese otro sí se ganó.
Si tales derechos falsos se aplicaran a mi derecho a la libre expresión se estaría obligando a terceros a proveerme de un micrófono y de un auditorio. Y mi derecho a viajar implicaría que otros me tendrían que regalar un pasaje de avión y una habitación en un hotel.
La visión de John Locke respecto a las leyes naturales guió a los próceres fundadores de Estados Unidos. Nuestra Declaración de Independencia expresa esa visión al declarar: "Sostenemos que estas Verdades son evidentes en sí mismas: que todos los Hombres son creados iguales, que su Creador los ha dotado de ciertos Derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la Vida, la Libertad y la Búsqueda de la Felicidad". Los gobiernos son necesarios, pero los derechos que podemos delegarle al gobierno son sólo los que poseemos. Por ejemplo, tenemos el derecho natural a defendernos contra ladrones y asaltantes. Como poseemos ese derecho, podemos delegárselo al gobierno para que nos defienda. Por el contrario, no tenemos el derecho a quitarle la propiedad a alguien para traspasársela a terceros. Entonces, tampoco podemos delegar ese derecho al gobierno.
Aproximadamente dos terceras partes del presupuesto del gobierno federal consiste en quitarle algo a un ciudadano para dárselo a otro. Si se tratara de personas normales, a eso lo llamaríamos robo. Pero cuando lo hace el gobierno, lo llamamos eufemísticamente "redistribución" a pesar de ser exactamente lo mismo que hacen los ladrones: redistribuyen los ingresos. Esa redistribución no es solamente una traición a la visión de los próceres fundadores de la nación, sino que es un pecado en los ojos de Dios. Estoy seguro de que cuando Dios le entregó el Séptimo Mandamiento a Moisés, "No Robarás", no le dijo "no robarás a menos que tengas mayoría en el Congreso".
La tragedia actual y real es que cualquiera que se lance a la política con la disposición de respetar los valores de los próceres fundadores de nuestra patria sufriría una segura y dura derrota electoral.